Las inmobiliarias gallegas se enfrentan al aumento de las VUT y la falta de alquileres largos

Congreso AGALIN

El VI Congreso Inmobiliario de Galicia, organizado por la Asociación Gallega de Inmobiliarias (AGALIN), concluyó este viernes en el auditorio Abanca de Santiago de Compostela con un encendido debate sobre uno de los grandes desafíos del sector: la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) frente a la escasez de alquileres de larga duración.

Durante dos intensas jornadas, expertos, representantes institucionales y agentes inmobiliarios abordaron la complejidad del mercado actual, marcado por tensiones normativas, falta de vivienda asequible y un crecimiento descontrolado del alquiler turístico.

Vivienda, una urgencia compartida

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, inauguró la sesión final destacando la necesidad de espacios de reflexión como este congreso. Subrayó los tres ejes estratégicos de la Xunta en materia de vivienda: construcción, rehabilitación y desarrollo de suelo urbanizable, y anunció avances como las 2.000 nuevas viviendas de promoción pública en las ciudades gallegas o las ayudas a particulares y concellos para impulsar el alquiler asequible.

Martínez Allegue también criticó duramente la Ley Estatal de Vivienda, que calificó de «lesiva y contraproducente», al considerar que invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica para los propietarios. En este contexto, anunció un convenio con el Consello Galego da Avogacía para ofrecer asesoría jurídica gratuita a propietarios y usufructuarios, con respuesta garantizada en un plazo de 24 a 48 horas.

La espiral de las viviendas turísticas

Uno de los momentos más destacados del congreso fue la mesa titulada «Problemática de las viviendas de uso turístico», moderada por Coralia Pardal, en la que participaron voces clave como Dulcinea Aguín (Aviturga), Miguel López (Unión de Consumidores de Galicia), Cesáreo Pardal (Clúster de Turismo de Galicia) y el analista Antón Losada.

Los ponentes coincidieron en que la actual legislación no sólo ha sido ineficaz, sino que ha incentivado el crecimiento de las VUT. Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, se ha producido un aumento del 30% en este tipo de alojamientos en Galicia. La percepción de desprotección legal ha llevado a muchos propietarios a abandonar el alquiler tradicional. “Muchos prefieren las VUT antes que arriesgarse al impago o a un desahucio imposible”, denunció Aguín.

Además, se puso el foco en la falta de datos oficiales y el escaso control sobre las licencias concedidas. “No sabemos cuántas VUT están realmente operativas, ni cuántas viviendas permanecen vacías esperando una regulación más favorable”, advirtió López.

Galicia: una paradoja habitacional

La situación en Galicia es especialmente delicada: más de 500.000 viviendas vacías, pero una oferta de alquiler escasa y poco asequible. “El problema no es la falta de inmuebles, sino la falta de seguridad jurídica y garantías”, apuntó Cesáreo Pardal, quien propuso un modelo de avales públicos similar al del País Vasco para estimular el alquiler habitual.

Sanxenxo se presentó como ejemplo de la transformación que puede generar la expansión descontrolada del alquiler turístico. “3.000 VUT en un municipio de 15.000 habitantes equivalen a una población flotante de 30.000 personas. Si no hay planificación, se rompe el equilibrio”, añadió Pardal.

Una de las propuestas más contundentes fue reconocer las VUT como una actividad empresarial, con las mismas exigencias legales que hoteles o casas rurales. “No podemos seguir operando con marcos distintos. Si se gana dinero como empresa, hay que cumplir como empresa”, afirmó Pardal. Los ponentes también lamentaron la falta de inversión en nuevos alojamientos turísticos convencionales, lo que ha derivado en una dependencia creciente del modelo VUT.

La jornada concluyó con un mensaje unánime: urge revisar y actualizar la legislación vigente, especialmente el Real Decreto de 2017, para adaptarlo a la realidad del mercado actual. Los expertos pidieron una regulación coherente y coordinada entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, intervino a través de un mensaje en vídeo para cerrar el congreso, en el que apeló a la colaboración institucional y al diálogo con el sector privado como vía imprescindible para afrontar el desafío del acceso a la vivienda.

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