El conflicto entre el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) continúa intensificándose en Galicia, con Vigo como uno de los principales focos de tensión. Los profesionales del taxi llevan meses alertando de la presunta prestación de servicios urbanos por parte de vehículos autorizados únicamente para realizar trayectos interurbanos, una práctica que consideran contraria a la normativa vigente y que denuncian como competencia desleal.
En este contexto, el presidente de la Unión de Taxistas Galegos (UTAGA), Emilio Mosquera Rodríguez, ha vuelto a reclamar una mayor actuación de las administraciones públicas. El representante del colectivo sostiene que estos operadores carecen de autorización para realizar desplazamientos dentro de un mismo municipio y advierte de que la falta de control, unida al uso de las tarifas dinámicas, está generando un escenario de desigualdad frente a un sector sometido a una estricta regulación administrativa.
UTAGA cuestiona la legalidad de estos servicios
Según explica Mosquera, las autorizaciones de las que disponen estos operadores les permiten realizar desplazamientos entre municipios, pero no prestar servicios íntegramente urbanos. El presidente de UTAGA sostiene que, a día de hoy, los ayuntamientos gallegos carecen de una ordenanza que regule este tipo de actividad, por lo que estos servicios estarían -por tanto- desarrollándose fuera del marco legal.
Desde la organización recuerdan que el taxi desarrolla su actividad bajo una regulación estricta, con tarifas oficiales, controles del taxímetro, requisitos de capacitación profesional y condiciones administrativas específicas, por lo que consideran que todos los operadores deberían competir bajo las mismas reglas.
La tarifa dinámica, otro de los focos del conflicto
Además de la cuestión de las autorizaciones, UTAGA pone el foco en el sistema de tarifa dinámica, utilizado por algunas plataformas y que permite modificar el precio del servicio en función de la demanda. El colectivo considera que este modelo genera una diferencia significativa respecto al taxi, cuyos precios están regulados por la Administración y ofrecen, a su juicio, mayor transparencia para el usuario.
Mosquera reconoce que corresponde a cada ciudadano elegir el medio de transporte que desea utilizar, pero insiste en que «esa decisión debe producirse en un mercado donde todos los operadores cumplan las mismas obligaciones legales«.
Un conflicto abierto en Galicia
Las declaraciones de UTAGA se enmarcan en un conflicto que se ha recrudecido especialmente en Vigo, donde el sector del taxi ha respaldado las actuaciones del Ayuntamiento contra vehículos que presuntamente realizaban servicios urbanos sin autorización y ha reclamado un mayor respaldo institucional. En paralelo, las empresas de VTC mantienen abierta la vía judicial para defender su modelo de negocio, mientras el debate sobre la regulación del transporte urbano continúa sin una solución definitiva.
Desde la organización agradecen la actuación del Ayuntamiento de Vigo por la apertura de expedientes sancionadores y la inmovilización de vehículos que, según afirman, estaban operando de forma irregular. Para UTAGA, el debate no debe centrarse en la convivencia entre distintos modelos de movilidad, sino en garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y unas condiciones de competencia equitativas para todo el sector.
