La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha abierto una investigación para esclarecer las posibles responsabilidades de un abogado que presentó un recurso judicial respaldado por numerosas referencias jurídicas inexistentes. Los magistrados consideran que el escrito pudo haber sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial generativa sin que posteriormente se verificara la autenticidad de las fuentes citadas.
El caso surge a raíz de un procedimiento relacionado con la denegación de una incapacidad laboral. El recurso de suplicación, interpuesto contra una sentencia de un juzgado de lo social de A Coruña, no solo fue rechazado por el tribunal, sino que además ha dado lugar a la apertura de una pieza separada por una posible actuación de mala fe procesal.
El tribunal detectó decenas de referencias inexistentes
Durante el análisis del recurso, la Sala de lo Social localizó hasta 24 citas problemáticas, entre sentencias y extractos jurisprudenciales. Según recoge la resolución, algunas de las referencias correspondían a resoluciones que nunca llegaron a dictarse, mientras que otras estaban atribuidas erróneamente a distintos tribunales o carecían de relación con el asunto debatido.
El magistrado ponente, Luis Fernando de Castro Mejuto, presidente de la Sala de lo Social del TSXG, señala que todas estas referencias conformaban un discurso jurídico aparentemente sólido y coherente. Sin embargo, tras las comprobaciones realizadas por el tribunal, se constató que buena parte de los textos citados eran falsos o imposibles de verificar.
La sentencia describe esta situación como un auténtico ejercicio de «creatividad jurídica», al considerar que las resoluciones mencionadas no existían pese a presentarse como jurisprudencia consolidada.
Sospechas de uso de inteligencia artificial sin supervisión
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que los magistrados apuntan expresamente a un posible uso de herramientas de IA generativa para redactar el recurso. La resolución destaca que la estructura del texto y la naturaleza de los errores detectados coinciden con las conocidas «alucinaciones» de estos sistemas, capaces de generar información falsa con apariencia de veracidad.
Para el tribunal, el principal problema no es la utilización de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, sino la ausencia de una revisión posterior por parte del profesional responsable. Los jueces consideran que el abogado habría confiado en las referencias proporcionadas por el algoritmo sin comprobar previamente su existencia o exactitud.
Posible falta de diligencia profesional
La Sala sostiene que la conducta observada refleja una «falta de diligencia notoria» en el ejercicio profesional. Además, descarta que se trate de errores puntuales o meros descuidos, ya que la cantidad de referencias falsas detectadas revela un patrón reiterado.
Los magistrados también apuntan que la abundancia de citas incluidas en el recurso podría haber perseguido dotar de una apariencia de autoridad jurídica a los argumentos presentados, confiando en que las referencias pasaran inadvertidas durante la revisión judicial.
Por ello, el TSXG considera necesario investigar si la actuación del letrado puede encajar en una conducta sancionable dentro del procedimiento.
Un aviso sobre los límites de la IA en el ámbito jurídico
La investigación se produce en un contexto de creciente implantación de herramientas de inteligencia artificial en despachos, juzgados y administraciones públicas. Estos sistemas ya permiten realizar búsquedas jurisprudenciales, resumir documentación o elaborar borradores de escritos legales.
Sin embargo, tanto los expertos como las instituciones judiciales insisten en que cualquier contenido generado mediante IA debe someterse a una supervisión humana efectiva. En esta línea, el Consejo General del Poder Judicial ha establecido recomendaciones que exigen una revisión completa y crítica de toda la información producida por estas tecnologías.
El caso abierto por el TSXG se convierte así en un ejemplo de los riesgos asociados al uso irresponsable de la inteligencia artificial en el ámbito judicial y refuerza la necesidad de que los profesionales del Derecho verifiquen siempre la fiabilidad de las fuentes empleadas en sus actuaciones procesales.
