El 23 de febrero, a las 11:30 horas, veterinarios y profesionales de la salud animal se concentrarán frente al Obelisco en A Coruña para protestar contra el Real Decreto 666/2023, una normativa que ha generado un fuerte rechazo en el sector. Esta ley, que regula la prescripción de antibióticos en el ámbito veterinario, está siendo vista como una amenaza para la libertad profesional de los veterinarios y el bienestar de los animales.
«Con este Real Decreto se anula por completo la capacidad de los veterinarios para decidir el mejor tratamiento para cada animal,» explica Olalla De Hoyos, del comité organizador en Galicia. «Nos obliga a utilizar antibióticos del grupo D, los menos efectivos, aunque sabemos que existen opciones más adecuadas, como los antibióticos de los grupos A o B, que son mucho más eficaces», explica. «Esto pone en riesgo la salud de los animales; ya que restringe el criterio clínico para usar los tratamientos más apropiados.»
«Con cada tratamiento, debemos hacer un cultivo»
Ahora, antes de poder prescribir un antibiótico más efectivo, hay que hacer un cultivo para determinar cuál es el tratamiento adecuado. Sin embargo, se trata de un proceso ineficaz en muchos casos y retrasa el tratamiento. «Pueden tardar hasta 15 días en proporcionar resultados». Mientras tanto, los animales quedan sin el tratamiento adecuado. Además, el cultivo puede dar negativo o «no reflejar correctamente la patología», el animal podría seguir sin tratamiento o con un tratamiento ineficaz».
Además, la normativa también incrementa la burocracia, lo que afecta tanto a los veterinarios como a los propietarios de los animales. «Con cada tratamiento, es necesario realizar más trámites, lo que aumenta el tiempo de las consultas y, por lo tanto, los costos para los propietarios. Esta carga burocrática no solo genera más trabajo para los profesionales y encarece el servicio, haciendo que muchos propietarios de animales no puedan permitirse el tratamiento adecuado para sus mascotas», cuenta De Hoyos Centeno.
«Se limita el criterio clínico»
La ley no solo afecta a los animales de compañía, sino también a la ganadería. En este caso, la normativa genera costos adicionales. «No solo se limita a los animales domésticos, sino que también afecta a la producción animal«, explica. «No se han tenido en cuenta las necesidades reales de los profesionales del sector», que se ven obligados a seguir un protocolo que «no tiene en cuenta la diversidad de los casos».
Desde la implementación del Real Decreto, también ha surgido la preocupación por las altas sanciones impuestas a los veterinarios, que «pueden llegar hasta los 1.200.000 euros«. Pero es que, además, indica que el IVA del 21% en los servicios veterinarios también es un obstáculo para los propietarios de animales. «En un país con salarios bajos, muchas personas no podrán acceder a los tratamientos necesarios para sus mascotas».
Con la manifestación del 23 de febrero, que tendrá lugar a nivel estatal, los profesionales del sector buscar recuperar su capacidad para tomar decisiones basadas en su conocimiento y experiencia. «Necesitamos que se reconozca nuestra formación y nuestra capacidad profesional para actuar en el mejor interés de los animales». «La salud de los animales no puede ser un lujo, debe ser una necesidad accesible para todos,» concluye la organizadora.
