La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, Vigo, lleva a juicio este martes a dos personas acusadas de ofertar pisos en alquiler y cobrar fianzas sin el permiso de los propietarios. La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.
De acuerdo con el escrito fiscal, los acusados, “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito”, publicaron en la plataforma Idealista el anuncio de alquiler de un piso en Vigo, gestionado por una empresa y sin contar con la autorización del dueño del inmueble.
A partir de este anuncio, una pareja mostró interés por el alquiler el 22 de febrero de 2023 y ese mismo día formalizó con los acusados un contrato de reserva del piso, pagando 700 euros más 300 euros por gastos de gestión inmobiliaria.
Después de realizar la reserva, los acusados comunicaron a la pareja que los actuales inquilinos dejarían la vivienda en 15 días y que a finales de marzo les entregarían las llaves para que pudieran mudarse. Sin embargo, tras recibir la transferencia, informaron a la pareja que no podían ocupar el domicilio porque “se lo quedaba el cuñado del propietario para venderlo”, ya que, según el Ministerio Fiscal, el piso tenía “muchos problemas de fugas y humedades”.
En ese momento, la pareja solicitó la devolución del total de 1.050 euros pagados en concepto de reserva, de los cuales solo recibieron 350 euros, sin que se les reintegrara el resto. Además, utilizando el mismo modus operandi, los acusados formalizaron un contrato de alquiler de otro piso el 23 de marzo de ese mismo año, por el cual se pagó una reserva de 1.162 euros.
En este caso, la persona que alquiló el inmueble recibió un mensaje de uno de los acusados el 27 de abril, informándole que la propietaria de la vivienda finalmente no la alquilaría “por problemas de salud de su madre”. Al exigir la devolución del dinero abonado, no obtuvo respuesta.
Por estos hechos, que la Fiscalía considera constitutivos de un delito continuado de estafa, se solicita imponer a cada uno de los acusados una pena de cuatro años de prisión.