A partir del 1 de julio, Galicia tomará el control de la ordenación y gestión de su litoral, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Xunta en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias. Este pacto marca un hito significativo: es la primera competencia que se transfiere a la comunidad en casi 17 años, desde que en 2008 se formalizara el último traspaso durante el gobierno bipartito de PSdeG y BNG.
Con más de 2.500 kilómetros de costa, Galicia se convierte en la comunidad autónoma con mayor extensión litoral bajo control autonómico. A lo largo de su franja costera se reparten más de 4.000 construcciones, incluyendo más de cien empresas del sector mar-industria, considerado estratégico para la economía gallega. A partir de este verano, la Xunta será responsable de autorizar usos temporales de playas, gestionar concesiones en zonas de servidumbre de tránsito, supervisar accesos al mar y tramitar sanciones relacionadas con sus nuevas competencias.
El acuerdo fue formalizado este miércoles en Santiago de Compostela, en un acto celebrado en uno de los edificios emblemáticos de la Praza do Obradoiro. A la 44ª sesión de la Comisión Mixta asistieron representantes de ambas administraciones. La jornada, calificada por ambas partes como «cordial», concluyó con una comparecencia conjunta del presidente gallego, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El fortalecimiento del Estado de las autonomías es un firme compromiso de este Gobierno de España.
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) April 9, 2025
Hoy, al igual que hemos hecho con otras CCAA, transferimos las competencias en gestión y ordenación del litoral a la @Xunta de #Galicia.
Creemos en el autogobierno.
Agradezco a… pic.twitter.com/9vVDIFUrqm
Durante el acto, ambos dirigentes destacaron el clima de colaboración institucional y expresaron su disposición a seguir dialogando para futuras transferencias. Rueda subrayó que Galicia no busca privilegios, sino ejercer las competencias que le corresponden dentro del marco legal y desde la lealtad institucional. Por su parte, Torres remarcó que el traspaso se produce “en las mismas condiciones que en otros territorios” y defendió que el avance del autogobierno favorece la calidad de los servicios públicos.
La transferencia incluirá también medios materiales y humanos: más de una treintena de trabajadores entre funcionarios y personal laboral, además de una docena de vehículos. El coste efectivo del traspaso supera los 1,2 millones de euros. La Xunta recibirá un abono único de cerca de 687.000 euros para compensar el uso de instalaciones y algo más de 1,2 millones anuales para cubrir el funcionamiento de los servicios asumidos. Esto implicará un desembolso cercano a los dos millones de euros durante el presente ejercicio.
Aunque Galicia ganará en capacidad de gestión, el Estado se reserva algunas competencias clave, como fijar los cánones por uso del dominio público marítimo-terrestre o recuperar concesiones cuando exista un interés general. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica seguirá interviniendo en cuestiones relacionadas con obras de interés general, planificación portuaria o informes sobre normativas autonómicas.
Galicia dá hoxe un paso histórico asumindo a xestión do seu litoral. Reforzamos o autogoberno e demostramos que a cooperación institucional funciona. Grazas ao ministro @avtorresp pola súa actitude construtiva. Este é o Estilo Galicia: firmeza, diálogo e sentidiño pic.twitter.com/nSKtI49WcI
— Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) April 9, 2025
El proceso hasta llevar a término el traspaso no ha estado exento de tensiones: el Ejecutivo central llegó a recurrir la ley gallega del litoral al Tribunal Constitucional, aunque al final la avaló. Algunas declaraciones pasadas, como las del secretario de Estado Hugo Morán —quien calificó la norma gallega como una “casi declaración de independencia”—, muestran el camino accidentado que ha precedido al consenso alcanzado ahora.
Entre las cuestiones aún sin resolver figura un caso que ha generado atención mediática: la solicitud de la pareja del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para mantener hasta 2037 una concesión de acceso a la playa desde su chalé en Moaña. Según resolvió el Tribunal Constitucional el pasado septiembre en un recurso de Canarias, estas concesiones siguen siendo competencia estatal, lo que sitúa fuera del alcance de la Xunta la decisión sobre este tipo de casos.
Finalmente, tanto Rueda como Torres coincidieron en que este paso reforzará la cogobernanza y abre la puerta a un modelo de colaboración más estrecho entre ambas administraciones. Galicia aspira ahora a seguir avanzando en su autogobierno, con nuevas competencias que le permitan responder con mayor eficacia a las necesidades del territorio.
