Galicia ha sido históricamente un referente en la producción de energía eólica en España. Sin embargo, en los últimos tres años, precisamente cuando el despliegue de las renovables se está acelerando en el resto de España y de buena parte de Europa, el sector eólico en la comunidad ha avanzado de manera mínima, sumando solo 36 megavatios (MW) de nueva capacidad instalada, una cifra muy inferior a las previsiones establecidas por la Axenda Enerxética de Galicia, que aspira a alcanzar 7.700 MW para el año 2030. Actualmente, solo un parque eólico está en construcción, con capacidad para añadir 23 MW a los 3.865 MW ya operativos.
Galicia fue una de las primeras regiones en apostar por la energía eólica, una decisión estratégica impulsada en los años 90 durante el mandato de Manuel Fraga al frente de la Xunta. Esta apuesta temprana convirtió a Galicia en líder en energía eólica a nivel nacional, y para la década de los 2000, la comunidad ocupaba los primeros puestos en cuanto a potencia instalada. Sin embargo, con el paso del tiempo, Galicia ha visto cómo otras comunidades autónomas, como Aragón y Castilla y León, le han adelantado en la instalación de potencia eólica. En la actualidad, Galicia ocupa el cuarto lugar en España, con cerca de 4.000 megavatios (MW) de potencia instalada y más de 180 parques eólicos en funcionamiento.
La proliferación de proyectos en los últimos años fue notable, especialmente tras la presión del Gobierno central en 2022, cuando se estableció que los proyectos eólicos que no contasen con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para enero de 2023 perderían el permiso de conexión a la red. Este anuncio impulsó la revisión acelerada de proyectos por parte de la Xunta, logrando que 120 de los 140 proyectos pendientes fueran evaluados a tiempo. De estos, 77 obtuvieron la DIA positiva, mientras que los demás fueron descartados. A pesar de ello, muchos de estos proyectos ahora están paralizados judicialmente.
Las paralizaciones judiciales
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha jugado un papel central en el bloqueo de muchos proyectos eólicos. Las suspensiones cautelares de los proyectos se deben principalmente a la controversia sobre el cumplimiento de la normativa europea en relación con la exposición pública de los informes sectoriales. El TSXG ha considerado en varios autos que los plazos para alegaciones se abrieron sin que todos los informes estuvieran disponibles, lo que, según el tribunal, contradecía el Derecho europeo.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo en 2023 dio la razón a la Xunta y a los promotores, concluyendo que los procedimientos administrativos y los plazos de exposición pública eran válidos. A pesar de este fallo, el TSXG mantuvo la suspensión cautelar de la mayoría de los proyectos paralizados. Hasta la fecha, el tribunal ha emitido 74 autos relacionados con solicitudes de suspensión cautelar de 43 parques eólicos, de los cuales 40 han sido aceptados. Los motivos de estas suspensiones se centran en la necesidad de garantizar una correcta evaluación del impacto ambiental de los proyectos y asegurar que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normativa europea.
El bloqueo judicial ha afectado a los 121 proyectos que actualmente están en fase de tramitación, lo que representa 2.375,5 MW que están en el aire. Empresas como Iberdrola, Acciona, Endesa, Naturgy, Greenalia y Capital Energy se han visto especialmente perjudicadas, con varios proyectos detenidos a la espera de resoluciones judiciales: Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca, Serra do Farelo, Maxal, Serra do Colmo, Uxo, Castro Valente, Marcofan, Serra do Punago, Acibal, Monte do Cordal, Dous Cotos, Treboada, Mesada, Legre y Xeada.
Por otro lado, el TSXG ha emitido autos desestimatorios para tres parques eólicos: Vilartoxo, Neboada y Seselle, que han sido excluidos de las suspensiones cautelares y, por tanto, podrán continuar con su desarrollo.
Este pasado mes de agosto el TSXG decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictaminara si la normativa gallega y estatal cumplía con la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental.
Aunque el TJUE ha decidido recientemente -en un auto, con fecha del 10 de septiembre- ,no tramitar la cuestión prejudicial por el procedimiento acelerado, sí le ha dado prioridad sobre otros asuntos. Esto garantiza que, aunque la resolución no será inmediata, se abordará con mayor rapidez de lo habitual, un alivio parcial para el sector y las autoridades. Según el TSXG, no existe un riesgo inmediato de consecuencias irreversibles que justifique un procedimiento más rápido, ya que los parques están paralizados y no se están construyendo mientras se resuelven los recursos.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha expresado su satisfacción por el hecho de que el TJUE dé prioridad al caso gallego: “Nos sentimos aliviados de que el TJUE reconozca la trascendencia del tema y acelere los plazos. Sin embargo, el hecho de que no se tramite por el procedimiento acelerado sigue generando una preocupación en el sector eólico, que está paralizado en Galicia.”
Vázquez también advirtió que las decisiones del TSXG podrían tener repercusiones más amplias en todo el país: “La paralización de los eólicos en Galicia no es ajena al resto de España, ya que esta decisión podría afectar también a las declaraciones de impacto ambiental en otras regiones.”
En este contexto, el Gobierno central ha tomado cartas en el asunto. El pasado viernes, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmaron a técnicos de la Xunta que el Estado español se personará ante el TJUE en defensa de la ley estatal de evaluación ambiental, que ha sido clave en la tramitación de los proyectos eólicos en Galicia.
La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, declaró tras la reunión que el Estado defenderá la legislación española con el objetivo de “dar seguridad jurídica a todos, no solo a los promotores de los proyectos eólicos, sino también a las comunidades afectadas”. Bouso también destacó la importancia de esta acción para desbloquear la parálisis del sector en Galicia, y advirtió que lo que está en juego no es solo el desarrollo eólico, sino también cualquier proyecto que implique el aprovechamiento del territorio.
Quejas del sector
Ante esta situación, la Asociación Eólica Galega (EGA) ha expresado su preocupación por el impacto que las suspensiones judiciales están teniendo en la industria eólica y en el futuro energético de la región. El pasado 1 de octubre de 2024, la EGA presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denunciando lo que consideran una “persecución y bloqueo” por parte del TSXG hacia el sector.
Manuel Pazo Paniagua, presidente de la EGA, ha sido una de las voces más críticas respecto a las decisiones judiciales, argumentando que el bloqueo no solo está afectando al desarrollo de nuevos proyectos, sino que también está creando un clima de inseguridad jurídica que dificulta la inversión en energía renovable: “Nos encontramos en un momento crucial. Si no se desbloquea la situación, Galicia no podrá cumplir con sus objetivos de descarbonización ni garantizar un suministro energético a precios competitivos para las industrias locales.”
El bloqueo afecta a 1.211 MW, esenciales para la descarbonización y el suministro energético, a través de los Acuerdos de Compra de Energía (PPAs) que muchas industrias electrointensivas de la región dependen para asegurar su viabilidad económica. El impacto económico del estancamiento del sector eólico en Galicia es significativo. Según el Observatorio Eólico de Galicia, en 2022 los parques eólicos generaron más de 1.600 millones de euros en facturación, una cifra crucial para la economía de la comunidad gallega.
