Galicia prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos y bebidas energéticas a menores: la Xunta de Galicia ha aprobado el proyecto de ley que restringirá su distribución, un texto que ahora inicia su trámite en el Parlamento gallego y que pretende equiparar la regulación de estos productos con la ya existente para el tabaco y el alcohol.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó tras la reunión del Consello de la Xunta que la intención es que esta normativa esté en vigor antes de que finalice el año. De esta manera, Galicia se convertiría en la primera comunidad autónoma en España en implementar una legislación específica que prohíba la venta y el consumo de estas sustancias entre menores de edad.
La iniciativa legislativa, fruto de un proceso participativo que ha incluido aportaciones de entidades sociales, organismos públicos y ciudadanos, tiene como objetivo combatir las conductas adictivas desde un enfoque integral. Según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la ley abarca tanto las adicciones a sustancias como las dependencias sin sustancia, como el juego o el uso problemático de tecnologías.
Una de las medidas más destacadas es la restricción de la venta de bebidas energéticas con un alto contenido en cafeína —aquellas que superan los 32 mg por cada 100 ml— debido a los riesgos que su consumo supone para la salud de los jóvenes, especialmente cuando se combinan con alcohol. Estos productos, según alertan las autoridades sanitarias, pueden provocar desde trastornos del sueño hasta alteraciones psicológicas y cardiovasculares en menores.
En esta línea, los establecimientos comerciales deberán colocar estas bebidas en zonas diferenciadas del resto de refrescos, con el fin de visibilizar su carácter de riesgo y evitar su consumo habitual entre adolescentes.
La ley también endurece las restricciones al consumo de tabaco en espacios públicos, ampliando la prohibición de fumar en los accesos a edificios administrativos, centros educativos y sanitarios, extendiendo esa limitación a un radio de 50 metros. Además, fumar en marquesinas de transporte público y en piscinas de uso colectivo quedará igualmente vetado.
Otro aspecto innovador del texto es la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por la participación en programas de prevención o trabajos comunitarios, especialmente en el caso de infracciones cometidas por menores. El Gobierno gallego apuesta así por una vía educativa y de concienciación, priorizando las intervenciones preventivas desde edades tempranas.
La ley también refuerza los controles en el ámbito familiar, escolar y sanitario, incluyendo cribados para detectar el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y el uso abusivo de tecnologías en menores a partir de los doce años.
Asimismo, la normativa establece que las sanciones relacionadas con el «botellón» dejarán de ser competencia de los ayuntamientos y pasarán a ser gestionadas directamente por las delegaciones territoriales de Sanidade, buscando una mayor homogeneidad en su aplicación.
Para asegurar la coordinación entre las distintas administraciones y entidades implicadas, se constituirá una comisión gallega para la prevención de las adicciones, integrada por representantes de la Xunta, ayuntamientos y organizaciones sociales.
