La Xunta de Galicia ha ha manifestado su rotunda oposición al acuerdo alcanzado este martes por el Ejecutivo central para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La medida, que afecta a un total de 4.400 menores llegados a Canarias y Ceuta, asignaría a Galicia la acogida de unos 320 de ellos, situándola como la cuarta comunidad que más migrantes recibiría, después de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha expresado su disconformidad con el plan del Gobierno de Pedro Sánchez, denunciando que se trata de una imposición y criticando el pacto alcanzado con Junts para su aprobación. «No se puede aceptar un trágala», ha declarado Rueda durante una visita institucional a Andalucía, donde ya ha avanzado que la Xunta podría recurrir la medida ante los tribunales si no se producen cambios sustanciales en su aplicación.
El principal punto de desacuerdo radica en la consideración de la capacidad de acogida de Galicia. Mientras que el Gobierno central sostiene que la comunidad aún dispone de margen para recibir a más menores, la Xunta asegura que su red de acogida está «sobreocupada» y que la llegada de más migrantes podría colapsar el sistema.
Ante esta situación, la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha insistido en la necesidad de conocer con precisión los plazos y las condiciones en las que Galicia debería asumir la acogida, así como recibir una financiación extraordinaria para garantizar una adecuada atención a los menores.
Las comunidades deben informar de su capacidad
El acuerdo gubernamental establece que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para presentar datos sobre su capacidad real de acogida. A partir de esta información, se fijará el reparto definitivo de menores según criterios que incluyen la población, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo de acogida previo y el dimensionamiento del sistema de plazas, entre otros factores.
El rechazo de Galicia se suma a la oposición expresada por otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Andalucía, cuyos presidentes, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno, también han dejado abierta la posibilidad de recurrir la medida judicialmente. En este contexto, Rueda ha cuestionado la influencia de Junts en la política migratoria del país, acusando al Gobierno de ceder ante las exigencias de los independentistas para garantizar su apoyo en el Congreso.
La Xunta de Galicia tiene un plazo de dos semanas para remitir al Ejecutivo central un informe detallado sobre la ocupación de su red de acogida y su capacidad real para asumir nuevos menores. Mientras tanto, el Gobierno defiende la necesidad de este reparto como una medida de solidaridad entre comunidades para aliviar la saturación en territorios como Canarias y Ceuta.
