Galicia es la comunidad autónoma con peores datos en reciclaje de toda España, sólo superada por Melilla. En 2020, el porcentaje de residuos preparados para ser reutilizados o reciclados se situó en un 22,25%, muy por debajo del objetivo del 50% fijado por la Unión Europea y de la media estatal del 49,39%. En 2021, lejos de mejorar, la cifra retrocedió al 22,1%, mientras que la media nacional alcanzaba el 43,85%. Los últimos datos de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) muestran un panorama incluso peor, con el 18,32%.
Este mal desempeño supone que Galicia tendrá que asumir una parte significativa de la multa impuesta por la Unión Europea (UE) a España por el incumplimiento de los objetivos, con un 12,83% del total, a pesar de representar menos del 6% de la población del país.
El Gobierno central, a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha enviado una carta a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advirtiendo de que los malos datos gallegos no sólo afectan a la comunidad, sino que también perjudican el conjunto de España en el cumplimiento de los objetivos europeos.
Morán señala que es «más que probable» que, en vista de las deficientes cifras de Galicia, tampoco se alcance la meta del 55% en 2025, lo que podría traducirse en nuevas sanciones. Además, subraya que la comunidad ha recibido 56 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar su gestión de residuos y exige a la Xunta que tome medidas urgentes.
Una política «kamikaze»
Desde la oposición, tanto el PSdeG como el BNG han criticado duramente la política de gestión de residuos de la Xunta. La diputada socialista Paloma Castro lamentó que Galicia sea la comunidad que «más tendrá que pagar» de la multa europea, atribuyéndolo a la «errada» gestión del Gobierno autonómico. «La Xunta va como un kamikaze en sentido contrario a las directrices europeas, convirtiendo a Galicia en una chimenea y un vertedero», denunció. Asimismo, exigió un «gran pacto de país» para cambiar el modelo actual, que prioriza la incineración sobre el reciclaje.
Por su parte, el diputado del BNG, Luís Bará, acusó a la Xunta de haber «apostado todo a la incineración y el vertido», una estrategia contraria a la normativa europea. Bará también alertó de que la subida del canon de Sogama podría repercutir negativamente en los ayuntamientos, a los que se les cargaría el coste de la mala gestión autonómica. Además, subrayó que la gestión de residuos debería ser objeto de un «acuerdo de país», con un periodo transitorio para la adaptación de los sistemas.
La Xunta culpa a Nostián y Barbanza
Frente a estas críticas, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendió la gestión de la Xunta y culpó a los sistemas de recogida de residuos de Nostián y Barbanza por los malos resultados en reciclaje. «Tenemos dos sistemas que ya no están amparados por la Unión Europea y que el Gobierno central no aclaró hasta hace un año», justificó. Vázquez destacó que Sogama evita que el 22% de los residuos acaben en vertederos y que la implantación del quinto contenedor es una medida para mejorar los datos. Además, criticó que el Gobierno central «alterase las reglas del juego» con la Ley de Residuos de 2022, imponiendo un nuevo impuesto sobre el vertido y la incineración.
Estas sanciones suponen un duro golpe para la Xunta de Galicia e impugnan el criticado modelo de Sogama, que sigue apostando por la incineración y el vertido mientras sube el canon que deben pagarle los ayuntamientos.
