Una compleja trama de corrupción de menores que opera a caballo entre Galicia y Andalucía ha obligado al Tribunal Supremo a intervenir para delimitar las competencias judiciales del caso. La investigación, que sigue abierta y no descarta nuevas víctimas en otros puntos de España, se centra en un varón residente en Gádor (Almería) acusado de captar a menores de edad para obtener material de contenido sexual explícito.
Chantaje por «regalos»
Según consta en el auto judicial con fecha de febrero de 2026, el investigado utilizaba las redes sociales y la vía telefónica para contactar con sus víctimas. Tras ganarse su confianza, el hombre empleaba una estrategia basada en el intercambio: ofrecía regalos a los menores a cambio de que estos le enviaran fotografías y vídeos en los que aparecieran desnudos o realizando actos de carácter sexual.
El Supremo destaca la especial gravedad de los hechos, señalando que el individuo actuaba con un «total desprecio por la integridad e indemnidad sexual» de los afectados. Las pesquisas han acreditado no solo el envío de archivos, sino también la realización de videollamadas en las que se instaba a los menores a masturbarse en directo.
Competencia compartida
El conflicto de jurisdicción surgió cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis, que inició las actuaciones tras detectar a cinco víctimas en su partido judicial, elevó una consulta al Tribunal Supremo. Los datos extraídos del teléfono móvil del sospechoso revelaron la existencia de, al menos, otras dos víctimas en Almería.
Finalmente, el alto tribunal ha dictaminado una instrucción compartida: Caldas de Reis mantendrá la competencia sobre la investigación de los cinco menores gallegos, mientras que Almería asumirá la parte relativa a los dos menores andaluces, al ser el lugar donde reside el investigado y donde se sitúan los elementos principales del presunto delito.
Delitos continuados
La justicia imputa al investigado presuntos delitos continuados de corrupción de menores en concurso con abuso sexual. Asimismo, la policía mantiene abierta una línea de investigación ante la hipótesis de un delito de distribución de pornografía infantil.
La decisión del Supremo es firme y no admite recurso, por lo que ambos juzgados procederán ahora a profundizar en las pruebas para determinar el alcance total de esta red de explotación.
