La sección territorial de Galicia de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha emitido un contundente comunicado denunciando lo que califican como un ataque a la independencia judicial en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La organización critica el «desmantelamiento» de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, un órgano clave que ha estado bajo una fuerte presión mediática y política debido a sus resoluciones sobre la autorización de parques eólicos y concesiones de infraestructuras sanitarias, como las del Hospital Álvaro Cunqueiro.
La controversia surge tras los acuerdos adoptados el pasado 12 de marzo de 2026 por la nueva presidencia de la Sala, que han supuesto el traslado forzoso de la mitad de los magistrados de dicha sección. Entre los jueces afectados por este movimiento se encuentra Luís Villares Naveira, magistrado de carrera con una amplia trayectoria en el ámbito contencioso-administrativo. El perfil de Villares es singular, ya que tras años de ejercicio judicial, solicitó una excedencia para saltar a la política, llegando a ser el candidato a la Presidencia de la Xunta y portavoz parlamentario de En Marea. Tras su etapa política, se reintegró a la carrera judicial en el TSXG, donde actualmente es también el portavoz en Galicia de JJpD. Él es uno de los dos integrantes de la sección que han sido desplazados a otras unidades, siendo sustituidos por magistrados de reciente incorporación.
Desde JJpD subrayan que estos traslados son «inusuales» por su envergadura y por las formas en que se han ejecutado, sin mediar consultas previas con los afectados ni con los presidentes de las secciones implicadas. La asociación advierte que apartar a magistrados con experiencia específica en materias de alta complejidad técnica genera una «evidente disfuncionalidad» y rompe la continuidad de los criterios jurisdiccionales que se venían aplicando en asuntos de gran calado social y económico para Galicia.
El comunicado es especialmente crítico con las justificaciones ofrecidas por la presidencia, que aluden a un supuesto «crecimiento profesional» o a la necesidad de evitar recusaciones puntuales. Para JJpD, estos argumentos «casan mal con el efecto real» de la medida. Sostienen que utilizar recusaciones específicas —que son habituales en la vida de los tribunales y se resuelven de forma individual— como pretexto para remodelar una sección entera carece de base legal y técnica, resultando en una maniobra que podría interpretarse como una respuesta a las presiones políticas y empresariales sufridas por el tribunal en los últimos meses.
Finalmente, la organización alerta de que este movimiento socava la garantía de inamovilidad judicial y traslada a la ciudadanía una peligrosa sospecha: que el Poder Judicial podría estar doblegándose ante intereses externos. Por ello, han reclamado un ejercicio «cuidadoso y prudente» de las facultades organizativas y han reiterado su apoyo a los magistrados afectados, quienes, según denuncian, han desempeñado su labor en un contexto de constantes descalificaciones hacia su profesionalidad por parte de responsables políticos y económicos.
