La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado una “presión brutal” ejercida por la Xunta de Galicia sobre el personal funcionario encargado de tramitar los informes y procedimientos relacionados con el proyecto de la planta de celulosa de Altri en Palas de Rei. Según Zeltia Burgos, secretaria nacional del sector de Autonómica de la CIG-Administración, los funcionarios están siendo sometidos a un acoso “bestial” para sacar adelante las autorizaciones necesarias, a pesar de la información “parcial y sesgada” presentada por la empresa.
“La Xunta está ignorando la neutralidad y objetividad del personal técnico, recurriendo incluso a personas en puestos de libre designación para firmar los informes que deberían ser realizados por funcionarios públicos”, afirmó Burgos. La sindicalista detalló casos de funcionarios que se han negado a autorizar los trámites debido a la falta de rigor en los datos proporcionados por Altri, lo que ha llevado a la administración autonómica a delegar estas funciones en cargos políticos.
Cuestionada la autorización de Augas de Galicia
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la supuesta autorización de Augas de Galicia para la extracción de 46.000 metros cúbicos diarios de agua y su vertido al río Ulla. Según la CIG, esta autorización no ha sido tramitada ni por la sección de Lugo ni por los Servicios Centrales de Augas de Galicia, áreas responsables del proceso, mientras que ni la Área de Calidade de Augas ni la Sección de Residuos han participado en la validación del expediente, que, al parecer, fue firmado por el comisario de Augas, un cargo de libre designación.
“Resulta alarmante que un informe elaborado por la propia empresa haya sido validado por un cargo político sin pasar por el escrutinio técnico correspondiente”, declaró Burgos, quien también destacó la elevada presión social y política en contra de este proyecto.
La CIG ha exigido el cese inmediato de las presiones y amenazas sobre el personal funcionario, así como el respeto a sus funciones técnicas realizadas con neutralidad y objetividad. “No vamos a permitir que se secuestre la independencia de los funcionarios para favorecer intereses empresariales o políticos. La ciudadanía merece que estos procesos se lleven a cabo con el máximo rigor y transparencia”, concluyó Burgos.
Rueda ve esta denuncia como una «insidia»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que la denuncia de la CIG no es más que «otra variante de las insidias y falsedades» sobre este asunto. Así, ha recordado que «hay funcionarios de libre designación en la Xunta de Galicia», tras lo que ha subrayado que la tramitación de los informes de Altri supone «un trabajo colectivo».
Así, ha indicado que hay un «análisis muy complejo» tanto de este como de «cualquier otro proyecto industrial», en los que trabajan técnicos de diferentes ámbitos y «diferentes orígenes respecto a su posición administrativa». «Como no fue suficiente verter una insidia colectiva, ahora se hace una insidia selectiva sobre algunos y sobre otros no», ha censurado Rueda, que ha incidido en que «este tipo de insidias no llevan a ningún sitio».
Por último, ha vuelto a reivindicar la «ética, la limpieza y la objetividad de los trabajadores públicos» de la Xunta y ha lamentado que «otros no lo hagan».
