La Fiscalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los vertidos de aguas residuales detectados en el río Sar a mediados del pasado mes de octubre, tras una denuncia presentada por el Concello de Ames. La iniciativa parte de la fiscala provincial de Medio Ambiente, María del Mar Castaña, que ha abierto diligencias preprocesales con el objetivo de determinar si los hechos pueden tener relevancia penal.
Según el decreto de incoación, la Fiscalía ha requerido en un plazo máximo de dos meses informes a Augas de Galicia y al Seprona. Con esta documentación se pretende identificar el origen de los vertidos, evaluar su impacto ambiental y aclarar quién podría ser el responsable de un episodio de contaminación que coincidió con la puesta en funcionamiento de la primera fase de la nueva EDAR de A Silvouta.
La denuncia del Ayuntamiento de Ames alertaba de la aparición de malos olores persistentes, espumas, turbidez anormal del agua y mortandad de fauna acuática durante varios días del mes de octubre. Estas incidencias fueron constatadas por técnicos municipales y, posteriormente, la Xunta informó de que el foco del problema se encontraba en la depuradora de Silvouta, donde se estaban ejecutando obras de ampliación y mejora.
En su resolución, la Fiscalía subraya que no se realiza por el momento una valoración sobre la existencia de indicios suficientes, pero considera necesario analizar si en la implantación o modificación de la depuradora se concedieron autorizaciones contrarias a la normativa o si se produjo una falta de control por parte de la administración competente. De confirmarse los hechos, la responsabilidad podría recaer tanto en la empresa concesionaria y sus gestores como en las autoridades encargadas de la supervisión ambiental.
En paralelo a la investigación judicial, Augas de Galicia ha propuesto una sanción administrativa de 300.000 euros al Concello de Santiago por los vertidos, una medida que ha reavivado el enfrentamiento político entre el gobierno municipal y la Xunta. La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, ha calificado la multa de “intencionalidad política”, al considerar que los problemas históricos de la antigua depuradora eran conocidos desde hace años.
Desde el Ejecutivo autonómico, la Xunta ha defendido la actuación de los técnicos y ha recordado que el procedimiento se inició tras la denuncia presentada por el Concello de Ames. En la misma línea, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, instó al Ayuntamiento de Santiago a corregir la situación del río Sar y a no buscar motivaciones políticas donde, a su juicio, no existen.
La investigación de la Fiscalía deberá ahora aclarar si los vertidos pueden ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, así como determinar posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de un episodio que afectó a varios municipios del entorno del Sar.
