La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación contra el alcalde de Sada, Benito Portela, de Sadamaioría, imputándole un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de infidelidad en la custodia de documentos. Según el Ministerio Público, el caso está relacionado con la falta de imposición de sanciones a locales hosteleros que, entre 2018 y 2020, habrían incumplido los horarios de cierre.
La acusación pide para el alcalde una pena de tres años de prisión y 18 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Además, la exconcelleira de Seguridad Local, Pilar Taibo, enfrenta una solicitud de pena de tres años de cárcel y doce de inhabilitación.
Portela, en declaraciones a Europa Press, se ha defendido afirmando: “Estamos convencidos de que no cometimos ningún ilícito penal. Confiamos plenamente en que la Justicia hará su trabajo y que la verdad saldrá a la luz”. También subrayó sentirse respaldado junto a la exconcelleira por el apoyo recibido.
Origen de la denuncia
El caso se inició tras una denuncia del que fuera jefe de la Policía Local de Sada, presentada ante el Juzgado de Instrucción número tres de Betanzos. En la denuncia, se alegaba que no se habían tramitado multas a ciertos locales hosteleros del municipio por supuestos incumplimientos. Según el Concello de Sada, dicha denuncia fue interpuesta tan solo once días después de que el agente fuera cesado como jefe accidental de la Policía Local.
En un comunicado emitido este viernes, el gobierno local insiste en que tanto el alcalde como la exconcelleira son inocentes y expresa su “plena confianza en la Justicia”. Sadamaioría ha mostrado su respaldo al regidor y su excompañera, reiterando que están “absolutamente convencidos” de su inocencia.
Argumentos de la Fiscalía
En su escrito de calificación, la Fiscalía asegura que entre 2018 y 2020, Portela y Taibo recibieron, con acuse de recibo y firma, un elevado número de denuncias emitidas por la Policía Local contra locales hosteleros por supuestas infracciones administrativas. Según el Ministerio Público, los acusados habrían ocultado estas denuncias “de común acuerdo y plenamente conscientes” de que dicha acción vulneraba el correcto funcionamiento de la Administración Pública, omitiendo deliberadamente la tramitación de los expedientes sancionadores.
La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos y otro de prevaricación administrativa.
