El proyecto de la multinacional portuguesa Altri para instalar una planta en Palas de Rei lleva meses protagonizando el debate político en social y Galicia y este viernes la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Xunta ha vuelto a sacudir el tablero, con el Gobierno gallego exigiendo fondos al central en un contexto de creciente contestación social.
Siguiendo la línea marcada el pasado viernes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que el proyecto ha seguido el procedimiento técnico correspondiente y ha insistido en que es el Gobierno central es el que debe mover ficha: a pesar del visto bueno ambiental, el líder del PPdeG ha subrayado que la Xunta no destinará financiación específica a la planta, por lo que Altri deberá buscar apoyo económico en el Ejecutivo estatal.
En este sentido, Rueda ha reclamado «el mismo trato» que han recibido otros proyectos empresariales en otras comunidades y ha criticado la gestión de los fondos europeos por parte del Ministerio de Industria, al que acusa de no actuar con la «celeridad» deseada. Altri aspira a conseguir 250 millones de euros del programa Next Generation, lo que supone aproximadamente el 25% de la inversión total.
Más allá de la financiación, la Xunta introdujo el pasado viernes otra variable: la necesidad de que el Gobierno central cree una subestación eléctrica que dé servicio a la macrocelulosa, un proyecto que tendría que contar con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica.
El PSdeG marca distancias
Frente al apoyo cerrado del PPdeG, el PSdeG ha sido la fuerza política que se ha posicionado menos claramente: aunque ha expresado sus dudas sobre el procedimiento llevado a cabo por la Xunta, también ha apelado a las garantías que tendrá que cumplir Altri en el ámbito estatal y europeo.
A raíz de la DIA favorable, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que el proyecto «no es merecedor» de fondos europeos, al tiempo que ha cuestionado su viabilidad económica. «Si una empresa pide 250 millones de fondos públicos y dice que sin ellos no hay proyecto, ¿dónde está su viabilidad?», se preguntaba este domingo en una entrevista concedida a Radio Galicia-Cadena SER.
Su secretaria de organización, Lara Méndez, también llamó la atención sobre la contestación social «muy importante» en contra del proyecto, «con numerosas concentraciones multitudinarias». Con todo, los socialistas siguen a la espera de un análisis detallado de la documentación de la DIA.
En este contexto, el Gobierno central ha preferido mantenerse al margen: el ministro de Industria, Jordi Hereu, aseguró que el de Altri se está tramitando «como muchos otros proyectos industriales» y que «está en proceso de análisis técnico». En todo caso, es consciente de que «hay mucho debate social» a su alrededor.
El ministro optó finalmente por marcar distancias tanto con partidarios como con detractores del proyecto industrial, sin citar a nadie. «Unos dicen que ‘no’ sea lo que sea y otro dicen que ‘sí’ sea lo que sea; nosotros estamos en la posición de tramitarlo como cualquier otro proyecto industrial», concluyó.
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha dicho coincidir «al 100%» con la visión del ministro, «Los técnicos están evaluando esa solicitud que va en concurrencia competitiva y si alcanza la puntuación precisa, como cualquier otro tipo de industria, se le otorgarán las ayudas que puedan corresponderle», ha indicado Blanco, incidiendo en que Industria «está analizando no sólo la DIA, sino también el resto de la documentación».
Rechazo frontal del BNG
Por su parte, el BNG ha mostrado desde el primer momento su oposición frontal al proyecto, sumándose a las distintas movilizaciones contra su puesta en marcha. Su portavoz nacional, Ana Pontón, ha calificado la planta como «una bomba ambiental» que pone en riesgo miles de empleos y el modelo productivo de Galicia. Así, ha cargado contra la Xunta de Rueda, a quien acusa de «trabajar para las empresas amigas del PP», y ha señalado también al Gobierno central, que «tiene que salir de la ambigüedad».
«La macrocelulosa de Altri que nos quiere imponer el Partido Popular implica la destrucción de nuestro medio natural, en la tierra y en el mar», ha incidido Pontón, que advierte de la «amenaza» que supone, a su juicio, el proyecto para la produción de comarcas agroganaderas y pesqueras, y que convierte Galicia «en un eucaliptal». «O lo que es lo mismo, convertir Gailcia en pasto de los incendios», ha añadido.
Por su parte, el diputado Néstor Rego ha anunciado que exigirá en el Congreso que el Gobierno deniegue cualquier tipo de financiación pública a Altri, argumentando que su impacto medioambiental y socioeconómico es negativo para Galicia.
Más allá del debate político, la oposición social a la planta sigue dejándose notar: este fin de semana han tenido lugar importantes movilizaciones en la comarca y se espera que la protesta escale aún más el próximo sábado en A Pobra do Caramiñal.
Bajo el lema «por tierra y mar», más de 500 barcos participarán en una marcha que esperan masiva para expresar el rechazo al proyecto y a la reapertura de la Mina de Touro-O Pino. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha liderado la convocatoria, denunciando que la Xunta pretende «imponer a la fuerza» un modelo industrial perjudicial para el ecosistema gallego y sus sectores productivos tradicionales.
