Este proyecto, impulsado a través de la Sociedad Recursos de Galicia, en la que la Xunta es el principal accionista, tiene previsto comenzar a operar a principios de 2025. Además de reducir los costes energéticos, la comercializadora busca contribuir a la transición verde de la región, enfocándose en proveer a sectores estratégicos de la economía gallega y a comunidades cercanas a los proyectos de generación energética. Rueda subraya que Galicia cuenta con los recursos naturales y la capacidad industrial necesarios para liderar la transición ecológica en España, y enmarca esta iniciativa dentro del llamado “Estilo Galicia”, un modelo de gobernanza que, según el mandatario, pone a la comunidad en el centro de las decisiones estratégicas.
El anuncio también se contextualiza en el marco de los presupuestos autonómicos para 2025, que se espera aprobar antes de que finalice octubre. Esto permitirá a Galicia iniciar el año con las cuentas en orden y continuar desarrollando proyectos clave, como esta nueva comercializadora.
“Confuso y oportunista”
La medida no ha sido bien recibida por la oposición. La vice portavoz del BNG, Olalla Rodil, ha calificado el proyecto como una “cortina de fume” y acusa al Partido Popular de bloquear históricamente la creación de una empresa pública de energía, una propuesta que los nacionalistas gallegos han defendido durante años. Rodil destaca la incoherencia del PP, recordando que en junio su partido presentó una ley para la creación de una empresa pública que fue rechazada por los populares. En su opinión, esta nueva comercializadora no responde a los intereses de los gallegos, sino a los de las grandes compañías eléctricas.
El PSdeG también expresó sus reticencias. Su portavoz, Julio Torrado, ha calificado el anuncio como “confuso y oportunista”, argumentando que no tiene claro si realmente se beneficiará a la ciudadanía o si el verdadero objetivo es favorecer al sector privado. Torrado ha señalado que el PSdeG ha propuesto en varias ocasiones la creación de un sistema energético justo y sostenible, pero estas iniciativas fueron rechazadas por el gobierno del PP. Además, criticó la falta de claridad en cuanto a la participación pública en la nueva empresa, un aspecto que considera fundamental para asegurar que el proyecto no termine sirviendo a intereses privados.
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también mostró su escepticismo frente al proyecto. Besteiro advirtió sobre el uso de “fórmulas confusas” entre el sector público y privado para crear la comercializadora, insistiendo en que la energía más barata se puede obtener desde el ámbito público sin necesidad de estas complicaciones. Recordó que el PP fue responsable del “parón eólico” en Galicia y se opuso a la “excepción ibérica”, que hasta ahora ha sido la única medida efectiva para reducir el coste de la electricidad. Ante la comparecencia prevista de Rueda en el Parlamento el 8 de octubre, Besteiro demandó mayor claridad y transparencia sobre las líneas estratégicas del proyecto.