Los ecos de la manifestación celebrada este domingo en Santiago de Compostela en defensa del gallego continúa resonando este lunes en boca de los partidos de la oposición, que secundaron la movilización de Queremos Galego: tanto el BNG como el PSdeG han instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a escuchar las demandas de la ciudadanía y cambiar la política lingüística del Gobierno autonómico.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, destacó que la marcha, que reunió a miles de personas en la capital gallega, demostró «el orgullo de un país» que defiende su lengua frente al «acoso y derribo» del PP. En este sentido, Pontón exigió al Ejecutivo gallego el cumplimiento del Plan de Normalización Lingüística y el abandono del «decreto de la vergüenza», que considera que convierte la escuela en «un elemento desgalleguizador». Además, reclamó a Rueda que «abandone su soberbia y sus políticas en contra del gallego».
Por su parte, la diputada del PSdeG Silvia Longueira también arremetió contra la postura de la Xunta, a la que acusó de «no hacer absolutamente nada para que no perdamos los mínimos de la lengua», al mismo tiempo que exhibe al gallego «como una rara avis», en referencia a la Feira do Cocido de Lalín, donde se reunieron este domingo varios altos cargos del PPdeG y el embajador de Japón ofreció un discurso en gallego.
Longueira también se refirió a las declaraciones del conselleiro de Cultura, José López Campos, quien tildó de «extremistas» a los colectivos que participaron en la movilización. Así, subrayó que «extrema es la situación de emergencia del gallego» y criticó que el PP exhiba el idioma «como un elemento exótico» mientras no adopta medidas para frenar su retroceso.
Los socialistas han anunciado que defenderán en el Parlamento de Galicia una moción que propone la creación de un «libro blanco del gallego» con la implicación de entidades como la Real Academia Galega y el Consello da Cultura Galega. Además, instarán a la articulación de un «gran acuerdo social y político» para garantizar el cumplimiento del estatus de la lengua y a la implementación de medidas urgentes para fomentar su uso.
Mientras tanto, el Gobierno gallego mantiene su posición y ha desestimado las críticas de la oposición, defendiendo que su política lingüística es equilibrada y que respeta la libertad de elección de los ciudadanos.
