El 2003 fue un buen año para los Núñez Feijóo: el mayor, Alberto, dejaba la presidencia de Correos para ocupar la Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia, mientras que la menor, Micaela, empezaba una prometedora trayectoria empresarial en Eulen. Ambos tuvieron su ascenso y, desde 2009, con Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta y Micaela Núñez Feijóo como delegada territorial de Eulen para A Coruña y Pontevedra, primero, y para toda Galicia, después, la Administración gallega cerró contratos con la empresa por valor de 54 millones.
Esos contratos están ahora en el punto de mira y, además, Alberto y Micaela no son los únicos Núñez que intervinieron: su prima, Eloína Núñez, también iniciaba su trayectoria como gerente de áreas sanitarias en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en Ourense y Santiago. Desde entonces hasta la actualidad, Eulen cerró con la Consellería de Sanidade contratos por valor de cerca de quince millones de euros.
Este complejo triángulo familiar fue resumido en el Congreso de los Diputados por la parlamentaria socialista Esther Peña. “Si tu prima le adjudica cuatro millones en un contrato público a tu hermana, algo no funciona bien en esa administración pública”, sentenció antes de pedir una investigación pública de todos estos contratos.
En concreto, durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta se suscribieron contratos con Eulen por valor de 37 millones de euros, mientras que ya con Alfonso Rueda al frente, en mucho menos tiempo, la cantidad ya asciende a 17 millones, gracias en buena medida a la gestión de Eloína Núñez: en sus últimos meses como gerente del área sanitaria de Santiago, según reveló el diario Público, cerró con Eulen dos contratos por valor de 3.931.924,43 euros, uno para la seguridad de hospitales y centros de atención primaria y otro para instalar cámaras de vigilancia.
De hecho, más allá de las eternas esperas de los pacientes oncológicos, estos dos contratos fueron el último legado que dejó Eloína Núñez antes de ser cesada como gerente del área sanitaria de Santiago este mismo año: su sucesor, Ángel Facio, se encontró con toda la tramitación administrativa finalizada y tan solo tuvo que firmar.
Este no es el único caso similar que afecta a la familia de Feijóo, en este caso a la política: en 2022 salió a la luz, Universal Support, una empresa coruñesa de telemárketing que tiene entre sus directivos a Ignacio Cárdenas, hermano de su esposa Eva Cárdenas, facturó a la Xunta de Galicia un total 15,2 millones de euros de fondos destinados a la lucha contra el covid entre 2021 y 2022.
Investigación
Las tentativas para investigar estos hechos han sido infructuosas hasta ahora: en 2022 la oposición había pedido que el Consello de Contas auditase los contratos con Eulen, pero la mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento de Galicia impidió que la iniciativa siguiese adelante. Ahora que se han precisado las cantidades, PSdeG y BNG han redoblado su ofensiva para esclarecer el peso que han tenido estos vínculos familiares a la hora de conceder contratos públicos.
“Queremos esclarecer si el Partido Popular favoreció a estas empresas que tienen vínculos con sus dirigentes en la adjudicación de contratos millonarios”, reclamaba este jueves la diputada socialista en el Parlamento de Galicia Patricia Iglesias tras registrar formalmente una petición de todos los informes “menores, ordinarios y urgentes” adjudicados por el Gobierno gallego a las empresas Eulen y Universal Support entre 2018 y 2024.
Exigen también que estos documentos se entreguen “de manera inmediata”, ya que la ciudadanía “tiene derecho a saber si estos acuerdos se realizaron de forma transparente en beneficio del interés público”. Anteriormente, los socialistas ya habían solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer los contratos adjudicados por la Xunta a “empresas vinculadas con familiares y amigos de sus dirigentes”.
El BNG, a través de su diputado Luís Bará, también ha puesto el acento en “el fraccionamiento reiterado en la contratación para la prestación de un mismo servicio” en el caso de Eulen, que también entre 2018 y 2023 recibió la adjudicación de “más de 1.300 contratos a dedo, sin mediar concurso público, por valor de casi cinco millones de euros”.
Mientras tanto, el PPdeG, amparado por su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, evita dar explicaciones por unas acusaciones que considera “infundadas” y “una cortina de humo”, toda vez que en la Xunta de Galicia “todo es transparente” y las mesas de contratación “están formadas por empleados públicos cualificados.