La Xunta de Galicia ha paralizado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado al detectar «deficiencias» en la documentación enviada por el Concello a finales de mayo. El Gobierno autonómico ha reclamado una reformulación completa de la solicitud, lo que implica suspender el plazo de seis meses previsto para su aprobación y obliga a reiniciar parte del procedimiento, repitiendo incluso la fase de información pública.
Esta decisión supone un nuevo retraso en la aplicación de la ley estatal de vivienda en Galicia, tal como ya ocurrió con la solicitud presentada por el Concello da Coruña, también frenada por requerimientos similares del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.
En el escrito enviado esta semana, el IGVS cuestiona el diagnóstico elaborado por el gobierno local compostelano, señalando que se basa «principalmente en datos de un conocido portal inmobiliario» y no en fuentes oficiales, como exige la normativa. También se echa en falta, según el ente autonómico, un análisis detallado sobre la antigüedad, superficie construida y estado de conservación del parque de viviendas, así como información suficiente sobre las transacciones inmobiliarias.
Además, el Gobierno gallego considera poco contundente la justificación del concepto de ‘gran tenedor’ que plantea el Concello, fijado en personas con cinco o más inmuebles en el término municipal. A su juicio, esta definición, basada en datos del padrón del IBI, no resulta «significativa» teniendo en cuenta que en Santiago hay más de 56.000 viviendas.
En cuanto al plan de medidas correctoras propuesto por el Ayuntamiento, el IGVS cuestiona su «falta de incidencia real» en la situación del mercado de alquiler y recalca que muchas de esas iniciativas «ya están en marcha o pueden aplicarse sin necesidad de declarar la zona tensionada». Además, recuerda que, según la ley gallega de vivienda, la elaboración de ese plan es competencia del propio ayuntamiento, y no de la Administración autonómica, como se había sugerido desde Raxoi.
El Concello lamenta el bloqueo
Desde el Ayuntamiento de Santiago, la respuesta ha sido de sorpresa y malestar. En un comunicado, el Gobierno local ha lamentado que la Xunta «ponga en cuestión un estudio elaborado por personal de una universidad pública gallega», en referencia al equipo académico de la Universidade da Coruña que participó en el diagnóstico. Según Raxoi, parte de los datos utilizados proceden del propio IGVS, y «bastan por sí solos» para justificar la declaración solicitada.
A juicio del Concello, «no es necesaria un nuevo diagnóstico», aunque se compromete a responder —tras un análisis detenido— a todas las cuestiones planteadas por la Xunta. Asimismo, critica que el requerimiento del IGVS contiene «numerosos juicios de valor y opiniones impropias de un procedimiento administrativo», sugiriendo incluso una «lectura poco atenta» de la documentación enviada.
Con este requerimiento, Santiago deberá rehacer buena parte del expediente y volver a someterlo a exposición pública, lo que supone un nuevo retraso en la posible aplicación de medidas para frenar el alza del precio del alquiler. La situación repite el escenario vivido en A Coruña, donde la solicitud también fue bloqueada por la Xunta por motivos similares.
Mientras tanto, la declaración de zona tensionads en Santiago, una herramienta clave de la ley estatal para frenar la escalada de precios, sigue sin materializarse.
