La Xunta de Galicia ha elevado el tono frente al Gobierno central por el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados, aprobado este jueves en el Congreso. Aunque desde el Ejecutivo autonómico se ha asegurado que cumplirán con la legislación vigente, no descartan acudir a la vía judicial si no se garantiza la financiación y los medios necesarios para atender adecuadamente a los 326 menores asignados a Galicia.
Fabiola García: «No tenemos una sola plaza más»
Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, denunció en un acto celebrado en el Colegio de Médicos de A Coruña que la red de acogida gallega se encuentra en una situación crítica, con una sobreocupación del 108%. “No tenemos una sola plaza más para acoger a un menor”, afirmó, y exigió al Gobierno “los mecanismos y la financiación necesaria” para hacer frente a la situación.
García fue contundente al calificar la actuación del Ejecutivo central como una medida “impuesta” y cargó contra lo que considera un reparto desigual: “No es razonable que lleguen a Galicia 326 y a Cataluña solo 28. La ley está hecha para beneficiar a Cataluña”. En este sentido, acusó al presidente Pedro Sánchez de mantener “pactos ocultos con el señor Puigdemont” y de querer crear “guetos”, algo que la Xunta “no va a permitir”.
La conselleira insistió en que utilizarán “todas las vías” a su alcance para frenar lo que considera un agravio, sin descartar acudir al Tribunal Constitucional, como ya han anunciado otras autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Reunión clave con las autonomías: 28 de abril
Ante este clima de tensión, el Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas el próximo lunes 28 de abril, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para abordar la implementación del reparto de menores.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que en ese encuentro se presentará una propuesta basada en los datos de acogida aportados por las propias comunidades, aunque algunas gobernadas por el PP no los han facilitado aún. “Nuestra intención es comenzar con los traslados a partir del verano, cuando el sistema esté mejor dimensionado”, adelantó la ministra, apelando a la corresponsabilidad de todos los territorios.
Aprobación del decreto y división política
El decreto que establece el reparto obligatorio fue convalidado este jueves en el Congreso con 179 votos a favor, procedentes del PSOE y sus socios, frente a 170 en contra (PP y Vox) y una abstención. La norma modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y busca dar respuesta a la situación de emergencia que viven territorios como Canarias.
Aunque el debate parlamentario estuvo marcado por los reproches entre bloques, el Gobierno ha defendido la medida como un acto de “solidaridad territorial” y ha instado a la oposición a actuar con “altura de miras”. Por su parte, desde el PP y Vox se calificó la medida de “parche” y “chapuza administrativa”, y se acusó al Ejecutivo de no abordar las causas estructurales del fenómeno migratorio.
