La Xunta de Galicia ha decidido archivar definitivamente la tramitación del proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, poniendo fin a uno de los debates más intensos de los últimos años en Galicia. La decisión llega tras constatar que la empresa no ha logrado justificar una conexión eléctrica viable dentro del plazo legal de tres meses, un requisito imprescindible para que la iniciativa pudiera seguir adelante.
El anuncio fue realizado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien explicó que el archivo y la caducidad del expediente se producen de manera automática, una vez denegado el acceso a la red eléctrica y agotado el plazo para presentar una alternativa técnica. La conselleira recalcó que, aunque el proyecto contaba con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, la Xunta llevaba tiempo advirtiendo de que “la parte industrial estaba incompleta”.
El cierre administrativo confirma, en la práctica, lo que ya se apuntaba en los últimos meses: el proyecto seguía existiendo sobre el papel, pero acumulaba tantas piezas ausentes —financiación pública, encaje en fondos europeos y, sobre todo, electricidad— que su continuidad dependía menos de nuevos informes y más de una decisión que el propio Gobierno gallego evitaba formular de forma explícita.
Un proyecto bloqueado por la falta de electricidad
La iniciativa, impulsada por Altri a través de su filial Greenfiber y presentada como una inversión de unos 850 millones de euros en Palas de Rei, llevaba meses en punto muerto. El permiso clave para su desarrollo —la Autorización Ambiental Integrada (AAI)— nunca llegó a tramitarse, en gran medida porque sin suministro eléctrico garantizado no hay base técnica para autorizar la planta.
En los últimos meses, además, el esquema económico con el que se presentó la inversión ya había quedado debilitado tras perder la financiación pública que aspiraba a captar —especialmente a través del PERTE de descarbonización industrial— y sin un respaldo europeo claro que garantizase el calendario y el encaje de la operación. En ese contexto, la electricidad dejó de ser “un trámite” y pasó a ser el muro.
El bloqueo definitivo se produjo cuando el Gobierno central denegó la subestación y la conexión a la red de transporte de alta tensión, una decisión que deja al proyecto fuera de la planificación eléctrica estatal al menos hasta 2030. Lorenzana subrayó que, en este contexto, resulta poco realista plantear escenarios alternativos a corto o medio plazo: sin acceso a la red de transporte no hay suministro garantizado, y sin suministro no hay fábrica.
Confirmación de un final anunciado
El archivo confirma un desenlace que ya se había instalado en el debate político y social. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, venía sosteniendo que el proyecto estaba “muerto” desde el momento en que se quedó sin conexión eléctrica, acusando a la Xunta de mantener una indefinición calculada y situando en el Gobierno gallego la responsabilidad de cerrar un expediente que ya no avanzaba.
Desde la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda defendió hasta el final que las decisiones se basaban en informes técnicos y no políticos, aunque en los últimos meses el propio Gobierno gallego había rebajado el carácter estratégico de la iniciativa. También trasladó a la empresa la decisión de seguir o no adelante, en un giro relevante respecto al discurso inicial, cuando el proyecto se presentaba como una gran oportunidad industrial para el interior de Galicia.
Ese desplazamiento del relato —de “estratégico” a “depende de la empresa”— convivía con otro hecho clave: la DIA favorable nunca fue el permiso definitivo. La Declaración de Impacto Ambiental evaluaba compatibilidades y condiciones, pero no autorizaba a construir ni a operar. La autorización decisiva era la AAI, que debía fijar límites de emisiones, vertidos, consumo de agua, gestión de residuos y controles ambientales. Sin AAI, la fábrica no podía operar; sin electricidad, la AAI no tenía base técnica sobre la que tramitarse.
Con el expediente archivado, el proyecto de macrocelulosa queda fuera del tablero: sin conexión eléctrica, sin financiación pública relevante y sin respaldo europeo claro. Lo que durante años fue presentado por la Xunta de Galicia como una gran oportunidad industrial para el interior de Galicia termina así diluyéndose en un cierre administrativo por inviabilidad técnica.
