El Consello de Contas ha denunciado en su último informe sobre las autovías gallegas que la Xunta de Galicia habría sobrepagado 44 millones a sus concesionarias en la última renegociación de sus convenios: aunque con 161 millones habría sido suficiente para compensar las pérdidas por la bajada del tráfico, el Gobierno gallego les aportó 205 millones de euros, generándole beneficios.
El informe sobre “la eficiencia de la colaboración público-privada en las autovías gallegas” recuerda que la Xunta de Galicia no tiene la obligación de asumir las pérdidas de las concesionarias: podrían hacerlo las propias empresas o los bancos que las financian. De no haber podido asumir los costes y quebrar, el Gobierno gallego podría rescatar las concesiones y extinguir los contratos, un escenario “viable desde el punto de vista presupuestario y jurídico”.
“La Xunta podría haber rechazado estas renegociaciones: la caída de ingresos podía ser asumida por las empresas concesionarias o los bancos financiadores sin invertir más fondos públicos, una postura en línea con sentencias del Tribunal Supremo que denegaron a las empresas el derecho a recibir compensaciones por la disminución del tráfico”, sentencia el informe.
De hecho, el Consello de Contas recoge que las concesiones “están resultando caras para la administración”, en particular tras este último aumento de gasto público para compensar pérdidas sin tener la obligación legal de hacerlo. El único aspecto positivo es que las autovías “fueron construidas en unos plazos razonables y presentan un buen nivel de mantenimiento y calidad del servicio”, si bien “se podrían conseguir resultados equivalentes a menor coste”.
El informe también recoge propuestas de mejora: “El objetivo debe ser, tal como estaba previsto en la ley que habilita los reequilibrios, limitar los pagos a las cantidades indispensables para asegurar la viabilidad financiera de los contratos”, lo que permitiría ahorrar 44 millones de euros.
De hecho, de los propios contratos de reequilibrio se desprende que el porcentaje de aumento no buscaba compensar las pérdidas de las concesionarias, sino que se pagaba una cantidad muy superior para que las empresas pudiesen cumplir con sus compromisos con los pagos.
El informe examina las cinco autovías de titularidad autonómica construidas con contratos de exposición de obra en las que pagan la administración y no los usuarios: la AG-56 Santiago Brión y la AG-41 del Salnés, con concesión hasta 2035; la AG-11 del Barbanza, con concesión hasta 2036; la AG-55 de la Costa da Morte, hasta 2038; y la AG-31 de Celanova, que llega hasta 2040.