La Xunta de Galicia cuenta con dos grandes frentes abiertos con el Gobierno central: la Lei do Litoral autonómica, recurrida ante el Tribunal Constitucional desde Madrid, y la Ley de Vivienda, que ha recibido fuertes críticas desde San Caetano. La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, está detrás de ambas áreas y ha elevado el tono sobre la Ley de Vivienda, recurriendo a datos falsos sobre la “okupación” para cargar contra esta norma y llegando a acusar al Gobierno central de alentar la comisión de este delito.
“No puede obtener una vivienda pública antes un okupa que aquella persona en una lista”, sentenciaba Vázquez en una entrevista en Radio Galicia Cadena SER, para posteriormente situar como ejemplo un caso en el que un propietario tiene que determinar si un inquilino que impaga el alquiler es vulnerable, con condiciones “que por recursos materiales cumple el 90% de la sociedad gallega”. La realidad de la “okupación” dista mucho del supuesto que utiliza la conselleira: en realidad ocho de cada diez ocupaciones que se dan en Galicia, el 78%, se dan en inmuebles propiedad de bancos o de la Sareb, no en viviendas de particulares.
La vicepresidenta va más allá y también sentencia quiénes son esos “okupas”: “Puedo decir que, en la gran mayoría de casos, en Galicia los ‘okupas’ son antisistema, no gente que haya pedido ayuda”. Sin embargo, esta información no le consta a la Policía Nacional: no sabe de la existencia de ningún inmueble ocupado en Galicia que esté relacionado con movimientos radicales, grupos antisistema u organizaciones criminales. Cuestionada sobre los datos totales de ocupación, Ánxeles Vázquez también realiza otra afirmación rotunda: “Es un fenómeno que va a más”. Una vez más, los datos apuntan en otra dirección: de acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en Galicia se denunciaron 189 ocupaciones, un 3% menos que el año anterior, lo que supone tan solo un 1% de las que se produjeron en el conjunto del Estado.
No es la primera vez que la Xunta de Galicia busca sobredimensionar este fenómeno: a finales de 2020, en plena pandemia, lanzó una línea telefónica “antiocupaciones”, donde cualquier persona que sea víctima de un delito de este tipo puede solicitar asesoramiento legal. En su primer año este teléfono recibió tan solo 30 llamadas.
Respuesta del Gobierno
Ante las importantes acusaciones de la vicepresidenta segunda de la Xunta de “alentar” las ‘okupaciones’, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha cargado contra las “palabras demasiado gordas” y el “desconocimiento” de Ánxeles Vázquez, a quien recomendó “pensar al menos diez minutos antes de hacer ese tiempo de declaraciones”.
Más allá de a sus acusaciones sobre la ocupación, el delegado también se refirió a la voluntad anunciada por Vázquez de “sentarse a negociar” con el Gobierno central sobre la Ley de Vivienda y, en caso de que esa negociación no llegue a buen puerto, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Que yo sepa, a bote pronto, se ha pasado el plazo para para presentar un recurso ante el TC”, ha sentenciado Blanco, quien ha dicho no saber “dónde está exactamente la inconstitucionalidad” de la norma.
La “okupación”, argumento recurrente
La “okupación”, que supone el 0,2% de las denuncias totales presentadas en Galicia, es el delito al que más hace referencia el PP, elevando el tono especialmente en periodos electorales: a nivel estatal ya había afirmado que la Ley de Vivienda fomentaba la ocupación, un argumento que ahora recupera Ánxeles Vázquez cuando la convocatoria de unas Elecciones Gallegas parece cada vez más próxima. Este mismo modus operandi se trasladó a las ciudades gallegas en la campaña de las Elecciones Municipales, con especial hincapié en A Coruña: la inseguridad fue el principal argumento del candidato popular Miguel Lorenzo, quien urgió leyes contra la “okupación” y “tolerancia cero” con este delito, quien también demandaba la creación a nivel estatal de una fuerza específica contra la ocupación ilegal y las “mafias” que la practican, a pesar de que no haya constancia de ninguna en Galicia.
Elena Candia también apostó por un discurso muy similar en su campaña, proponiendo también, en la línea del “teléfono antiokupación” de la Xunta —con escasa acogida—, crear una “oficina antiokupa” que ofrezca asesoramiento jurídico en estos casos, siempre refiriéndose a casos concretos de ocupación ilegal y sin dar datos de la dimensión real de la problemática en la ciudad. En Vigo también se apostó por la creación de esta oficina, mientras que en Santiago el candidato, Borja Verea, demandaba más dureza contra las ocupaciones ilegales a pesar de que a lo largo del último año se había registrado una cifra récord de desalojos y se habían demolido viviendas en las que se daba esta problemática de forma recurrente.