Las víctimas del accidente del tren Alvia de Santiago de Compostela han querido alzar de nuevo la voz, esta vez para mirar hacia Adamuz (Córdoba). La Plataforma Víctimas Alvia 04155, mayoritaria entre los afectados del siniestro de Angrois, ha expresado públicamente su pésame, solidaridad y apoyo a las personas damnificadas por la reciente tragedia ferroviaria andaluza, subrayando un mensaje claro: que las víctimas reciban desde el primer momento atención institucional, acompañamiento y respeto.
Desde su propia experiencia, marcada por un largo recorrido judicial y emocional, la plataforma insiste en la necesidad de que las administraciones actúen con sensibilidad y diligencia. “Confiamos en que se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan”, trasladan, recordando que un accidente ferroviario de gran magnitud no solo deja víctimas directas, sino también familias golpeadas por un fuerte impacto psicológico y social.
La asociación, presidida por Jesús Domínguez, se pone además a disposición de los afectados de Adamuz para ofrecer acompañamiento y orientación en un momento que describen como de profundo dolor. Lo hacen, explican, desde el compromiso que ha guiado su lucha desde 2013: la defensa de la dignidad de las víctimas y la búsqueda de la verdad y la justicia.
Las víctimas del Alvia recuerdan que durante años se sintieron desprotegidas por las instituciones y temen que esa situación pueda repetirse. Por ello, su mensaje no es solo de solidaridad, sino también de advertencia: esperan que, ante un nuevo siniestro ferroviario, la respuesta pública sea distinta y esté a la altura del sufrimiento de las personas afectadas.
Angrois como referencia y la tragedia de Adamuz
El accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, ha reabierto el debate sobre la seguridad en la alta velocidad y la gestión de las infraestructuras ferroviarias. Para las víctimas del Alvia, lo ocurrido en Córdoba actúa como un espejo de lo vivido en Angrois el 24 de julio de 2013, cuando el descarrilamiento del tren causó 80 muertos y 144 heridos.
Más de una década después, la causa judicial del Alvia sigue sin cerrarse definitivamente. Aunque en julio de 2024 se dictó sentencia con una condena de dos años y medio de prisión para el maquinista y el entonces responsable de seguridad de Adif, el fallo no es firme y está pendiente de numerosos recursos. El proceso ha sido largo y complejo, con años de instrucción, un macrojuicio y la intervención de instancias europeas.
Durante todo este tiempo, la plataforma de víctimas ha denunciado una falta de transparencia y una tendencia a centrar las responsabilidades únicamente en el factor humano, sin profundizar —a su juicio— en las causas estructurales del siniestro, como el diseño de la línea o la evaluación de riesgos. Esta crítica sigue viva hoy, especialmente porque el organismo que investiga Adamuz es el mismo que analizó Angrois, un informe que fue cuestionado por Europa.
La sentencia del caso Alvia reconoció, no obstante, el impacto psicológico excepcional de una catástrofe ferroviaria, elevando las indemnizaciones para compensar la angustia, la ansiedad y la ruptura de la confianza en el tren como medio de transporte. Un reconocimiento que las víctimas de Santiago consideran clave también para los afectados de Adamuz.
