Los ayuntamientos, ahogados por el SAF mientras la Xunta los sanciona

La Xunta expedientó por incumplimientos en el Servizo de Axuda no Fogar a nueve ayuntamientos, que denuncian que no tienen financiación suficiente para asumirlo
Alfonso Rueda y la conselleira Fabiola García durante una presentación del bono en Rois
Alfonso Rueda y la conselleira Fabiola García durante una presentación del bono en Rois
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La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia inició expedientes sancionadores en 2024 contra nueve ayuntamientos gallegos por presuntos incumplimientos en la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Las localidades afectadas son Triacastela, Samos, Pedrafita, Folgoso, Rodeiro, Os Blancos, Punxín, Calvos de Randín y Valdoviño. Según el departamento autonómico, las sanciones derivan de «reiteradas desatenciones» a requerimientos administrativos.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha salido en defensa de estos municipios, calificando de «injustas» estas sanciones y argumentando que los ayuntamientos no cuentan con la financiación necesaria para garantizar la prestación del servicio. Alberto Varela, presidente de la Fegamp, expresó el malestar de los municipios afectados, destacando que el problema trasciende las diferencias políticas.

“No parece razonable sancionar a los ayuntamientos por no poder prestar horas de SAF cuando el servicio no está financiado correctamente. La Xunta y el Estado deben cubrir el 100% de los costes, pero lo que recibimos no es suficiente”, afirmó Varela.

Actualmente, la Administración autonómica —con financiación estatal— aporta doce euros por hora de SAF, mientras que el coste real oscila entre 22 y 25 euros. Los usuarios contribuyen con una parte mínima, dejando a los ayuntamientos con la carga de asumir entre diez y doce euros por hora, lo que genera un déficit financiero significativo. Según la Fegamp, las sanciones pueden ascender a 20.000 euros y se agravan por la escasez de personal capacitado para ofrecer el servicio.

Además, Varela criticó la falta de diálogo con las administraciones implicados, señalando que la Fegamp lleva tiempo solicitando reuniones con la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sin éxito.

«Esto es insostenible»

Más allá de la Fegamp, otras instituciones han tomado cartas en el asunto para ayudar a los ayuntamientos a asumir esta carga ante la insuficiente financiación de la Xunta: la Deputación da Coruña ha incrementado su gasto social hasta los 32,8 millones para contribuir a que los municipios afronten el crecimiento en el coste del SAF.

En paralelo, el ente provincial también ha instado a la Xunta como al Estado a incrementar sus aportaciones al SAF, subrayando el impacto económico que el servicio tiene en los presupuestos municipales.

“Una hora de SAF cuesta entre 22 y 24 euros. La Xunta, contando con las aportaciones del Estado, sólo aporta doce euros, dejando a los concellos la responsabilidad de cubrir entre diez y doce euros por hora. Esto es insostenible”, destacó Mónica Rodríguez, portavoz socialista y alcaldesa de Vimianzo.

Según Rodríguez, el SAF supone hasta un tercio del gasto corriente en algunos ayuntamientos, comprometiendo seriamente su estabilidad financiera. Además, la Deputación señaló que, aunque el Estado incrementó en 2023 su aportación al SAF en 12,9 millones de euros, la Xunta redujo en tres millones los fondos destinados al servicio.

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