La AP-9 actraviesa Galicia de norte a sur, de Ferrol a Tui, a través de 214 kilómetros. La empresa encargada de su gestión, Audasa, lleva lucrándose con ella ya más de cincuenta años, desde 1973: su concesión tendría que haber terminado en 2023, pero en 2020 el Gobierno de José María Aznar la prorrogó hasta 2048. A su millonario negocio todavía le restan 25 años, pero los municipios por los que pasa podrán al fin cobrarle el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que también estaba bonificado en un 95% por una ley franquista.
Así, municipios y diputaciones se han apresurado en reclamar lo que les habría correspondido desde hace décadas en circunstancias normales: un total de alrededor de siete millones al año para los 33 municipios por los que pasa una autopista, quince veces más que los 463.000 que tenía que abonar hasta ahora.
Esta cifra no pondrá en peligro la viabilidad económica de Audasa: la concesionaria cerró 2023 con un beneficio neto de 82,37 millones de euros, un 24,1% más que los 66,1 que había ingresado el año anterior. Sin embargo, para muchos de estos municipios esta recaudación que les corresponde legalmente sí supondrá una importante inyección económica.
En este caso, las dos diputaciones provinciales afectadas —A Coruña y Pontevedra— recaudan el IBI que corresponde a todos los municipios por los que pasa la autopista con la excepción de las cuatro ciudades, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, que lo gestionan de forma directa.
Santiago será la ciudad que más ingresará por este concepto: hasta ahora Audasa le pagaba 35.000 euros de IBI, una cantidad que ahora ascenderá a 700.000 euros que, según ha avanzado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, se destinarán a “seguir mejorando los servicios públicos e infraestructuras locales”.
A Coruña, por su parte, multiplicará por veinte este ingreso, pasando de 1.312 a 26.257 euros al año. “No hacemos más que aplicarle a Audasa lo mismo que ellos aplican a sus usuarios: tendrá que abonar todo lo que le corresponda y contribuir con sus impuestos a mejorar los servicios a los ciudadanos”, ha destacado el primer teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage.
En Vigo, su alcalde, Abel Caballero, anunció que la concesionaria pasará de pagar 18.000 euros a 383.000, “multiplicando por 21” lo que pagaba hasta ahora, ya que “era intolerable que una empresa con tal nivel de beneficios no pagara el IBI”. Pontevedra también verá un importante incremento, pasando de 15.740 a 315.000 euros.
La Deputación da Coruña, que gestiona el IBI de la AP-9 en 18 municipios de la provincia, ya había anunciado su intención de reclamarle hasta el último céntimo a Audasa y estimaba que los ingresos pasarían de los 175.000 actuales a los 3,7 millones de euros. Por su parte, la Deputación de Pontevedra hará lo propio, pasando de cobrar unos 188.000 euros a ingresar un total de alrededor de dos millones.
