El último informe del Consello de Contas sobre la Conta Xeral das Entidades Locais correspondiente al año 2023 sitúa a Galicia como la comunidad autónoma con el peor índice de ejecución del presupuesto de ingresos de todo el Estado. Con una media del 66,57%, las entidades locales gallegas quedan muy por debajo del rendimiento mostrado por otras comunidades, evidenciando graves problemas estructurales en la gestión y recaudación de sus recursos. Esto significa que, de cada 100 euros que se esperaba ingresar, solo se acabaron recaudando unos 66.
Este análisis se basa en los datos aportados por 284 concellos, las 4 diputaciones provinciales, 18 mancomunidades y 7 entidades locales menores que remitieron su información contable al organismo fiscalizador. El volumen agregado del presupuesto declarado asciende a 5.582 millones de euros en ingresos y 5.445 millones en gastos. A pesar de que en términos absolutos las cifras son significativas, la ejecución real de esos ingresos es la más baja del Estado, lo que evidencia una gran brecha entre lo que se prevé recaudar y lo que realmente se ingresa. Es decir, que muchos concellos hacen presupuestos que luego no pueden cumplir, lo que afecta a su capacidad para prestar servicios.
Dependencia de subvenciones
Uno de los aspectos más preocupantes que recoge el informe es la baja autonomía fiscal de las entidades locales gallegas. Según los datos, solo el 37% de sus ingresos proceden de tributos propios, lo que refleja una elevada dependencia de las transferencias del Estado (PIE) y de la Xunta de Galicia (PICA). El 46% de los ingresos de las entidades locales gallegas provienen de otras administraciones, y un 23,18% se corresponden con subvenciones, cifra que se dispara hasta el 47,33% en los municipios más pequeños. O sea que, especialmente en los concellos rurales, casi la mitad del presupuesto depende de ayudas externas.
En el lado del gasto, el informe constata un esfuerzo considerable en el ámbito social: el gasto por habitante en esta área asciende a 206 euros, por encima del promedio estatal. Un total de 50 entidades gallegas figuran entre el 10% que más invierte en servicios sociales en todo el país, beneficiando a cerca de 79.000 personas. Sin embargo, este esfuerzo convive con un contexto de precariedad financiera en muchas administraciones locales. Un total de 147 entidades gallegas incumplen los principios de estabilidad presupuestaria, y 25 de ellas (23 concellos y 2 entidades locales menores) presentan cifras negativas tanto en remanente de tesorería como en ahorro neto. Por lo que además de no recaudar lo previsto, están gastando por encima de lo que ingresan, lo cual pone en riesgo su futuro económico.
Endeudamiento
En cuanto al endeudamiento financiero, Galicia presenta la cifra más baja del Estado, con una media de 191 euros por habitante. A pesar de esta contención, el Consello alerta sobre el riesgo de algunas entidades dependientes, como Emafesa (Ferrol) y Urbanística Provincial de Ourense, que se encuentran en causa de disolución al presentar patrimonio neto negativo. Estas empresas públicas tienen más deudas que activos, y podrían desaparecer si no se corrige su situación.
El informe también detecta importantes deficiencias en la rendición de cuentas. El 28% de las entidades que presentaron su conta xeral lo hicieron con defectos de integridad, y solo el 38% aprobó sus presupuestos dentro del plazo legal. Es decir, muchos concellos no cumplen ni con los requisitos básicos de transparencia y control, lo que dificulta fiscalizar cómo gastan el dinero público. Por otra parte, tres mancomunidades —Baixa Limia, Ribeira Sacra y Xallas-Tines-Tambre— declararon no tener actividad, lo que el Consello considera insuficiente para justificar la no rendición de cuentas. De hecho, se recomienda iniciar su proceso de disolución.
En términos comparativos, Galicia también figura en los últimos puestos en cuanto al período medio de cobro de ingresos y ocupa el puesto 12 de 15 en autonomía fiscal. En la ejecución del presupuesto de gastos, también queda entre las comunidades con peores cifras, a pesar de destacar por su inversión en servicios públicos básicos (37% del total) y el bajo tiempo medio de pago de sus obligaciones.
Incompetencia de la Xunta
Tras conocerse el informe, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Espinosa, ha denunciado la falta de apoyo de la Xunta a los concellos gallegos, y ha asegurado que la baja ejecución presupuestaria es consecuencia directa de la inacción del Gobierno autonómico.
«O informe confirma punto por punto o que levamos anos denunciando: a Xunta non executa, non xestiona e obriga aos concellos a cubrir servizos sen financiamento», criticó Espinosa, que lamentó que sean los municipios los que tengan que asumir competencias impropias sin dotación presupuestaria específica.
Según los datos del informe, las diputaciones y las entidades locales menores presentan los peores niveles de ejecución, con un 51,88% y un 57,06% respectivamente, mientras que los concellos de entre 10.001 y 20.000 habitantes y las mancomunidades alcanzan cifras superiores al 76%.
Espinosa también advirtió sobre la elevada dependencia de las subvenciones —23,18% de media, y hasta el 47,33% en los municipios más pequeños— y sobre el déficit en autonomía fiscal. «Estamos ante un modelo de financiamento local profundamente inxusto», afirmó, subrayando que la presión competencial recae especialmente en los servicios sociales, mientras la Xunta no transfiere recursos nin asume responsabilidades.
«A baixa execución orzamentaria non é só un dato técnico: é a proba de que o Goberno de Rueda falla no esencial, que é garantir a autonomía e a viabilidade dos concellos», concluyó Espinosa, reclamando «un cambio de rumbo inmediato e un novo marco de financiamento local que acabe co abandono institucional ao que o PP somete aos gobernos municipais».
