Los trabajadores sociales denuncian que “la Xunta se niega a invertir recursos en la educación”

El COTSG acusa que el profesorado "debe renunciar a parte de las horas de docencia para realizar funciones propias del campo social"

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia -COTSG- muestra su desacuerdo con la decisión de la Xunta de no contratar a nuevos profesionales para ejercer la figura de coordinación de Bienestar en los centros educativos. “El profesorado debe renunciar a parte de las horas de docencia para realizar funciones propias del campo social”, señala el COTSG, “la Xunta se niega a invertir recursos en la educación, repercutiendo negativamente en las familias gallegas”.

Este jueves, 31 de agosto, el Diario Oficial de Galicia recoge la orden que regula esta figura, que será designada entre el profesorado. El COTSG ya había presentado una serie de aportacións al anteproyecto de esta orden, que se suman a numerosos escritos y reuniones en los últimos años, “para instar a la Xunta la que se incorporaran la profesionales del campo social, como el Trabajo Social, para asumir estas funciones”.

“Esta figura se crea al amparo de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, que permitía crear nuevo personal para asumir las funciones. La Xunta opta por la opción de la precariedad: no contratará a nuevos profesionales y otorga a los docentes estas funciones, para las que no tienen formación”, señalan desde lo COTSG.

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Miriam Rodríguez, presidenta del COTSG, insiste en que la figura de coordinación de bienestar “es una oportunidad para solucionar conflictos en las escuelas, como la discriminación o el maltrato, además de promover planes de prevención entre el alumnado, o formar al profesorado”.

El Colegio presentará una nueva propuesta

El COTSG trabaja ya en una nueva propuesta para que los centros educativos cuenten con profesionales del Trabajo Social, asegurando la protección de la infancia y la resolución de conflictos. “Es fundamental contar con personal formado para detectar e intervenir en situaciones de riesgo social o violencia, y dotar los centros de mejor convivencia y calidad. Unas funciones que deben asumir nuevos profesionales especializados y nunca el profesorado dentro de su horario laboral”, añade la presidenta.

Esta figura de coordinación de bienestar ejercida por profesionales del social, ya está funcionando en otras comunidades autónomas del estado y en otros países de la Unión Europea con gran éxito.

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