La Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes a la instalación de los primeros parques eólicos bajo el amparo de la nueva Ley de Recursos Naturales, normativa que establece que estos proyectos deberán aportar beneficios tangibles a las comunidades locales, como descuentos en la factura eléctrica de los residentes.
Los proyectos autorizados son los parques ‘Baro’ y ‘Greco’, que abastecerán de energía renovable a la planta del Grupo Ferroatlántica en Sabón (A Coruña). ‘Baro’ se desarrollará en siete municipios de Lugo —Castro de Rei, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, A Pastoriza, Pol y Riotorto—, mientras que ‘Greco’ ocupará terrenos de diez ayuntamientos, repartidos entre Pontevedra (A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, O Covelo, Fornelos de Montes, A Lama y Ponte Caldelas) y Ourense (Avión, Beariz, Carballeda de Avia y Melón).
María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, explicó que una de las principales características de estos proyectos es que el 80% de la energía generada se destinará directamente al tejido industrial gallego, concretamente a la factoría de Sabón.
La inversión total de estas infraestructuras asciende a 163 millones de euros, y durante la fase de construcción se prevé la creación de 500 empleos temporales, además de garantizar 25 puestos de trabajo fijos una vez en funcionamiento. A estas cifras se suman compromisos sociales valorados en más de 15 millones de euros, que deberán ejecutarse en beneficio de las comunidades afectadas.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la autorización de estos parques conlleva obligaciones específicas para el promotor, Villar Mir Energía, que deberá cumplir con diversas medidas socioeconómicas orientadas a los casi 46.000 habitantes de los 17 municipios implicados.
Entre estas iniciativas figuran descuentos de hasta un 30% en las facturas de electricidad de los vecinos y bonificaciones del 20% en la instalación de paneles solares en viviendas particulares, lo que podría suponer ahorros de hasta 300 euros anuales por hogar. Además, los residentes tendrán la opción de participar económicamente en el proyecto, aportando entre 5.000 y 50.000 euros, con una rentabilidad garantizada del 5% anual.
Otro de los compromisos adquiridos es la prioridad en la contratación de trabajadores locales, así como la promoción del empleo entre jóvenes y mujeres durante la fase de construcción de los parques.
Por otro lado, tanto Rueda como Lorenzana valoraron positivamente la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conocida el pasado viernes, que respalda la legalidad de la tramitación de los proyectos eólicos en Galicia, desestimando los recursos que habían bloqueado su avance en los últimos meses.
Rueda recalcó que la Xunta actuó de forma proactiva para garantizar la seguridad jurídica de estos desarrollos, a pesar de las paralizaciones cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Además, subrayó que el Tribunal Supremo, en varias ocasiones, ya había cuestionado las decisiones del TSXG, y ahora es el TJUE quien avala definitivamente la postura del gobierno gallego.
“Galicia no puede seguir perdiendo oportunidades”, señaló Rueda, quien pidió que se ponga fin a los intentos de frenar proyectos que, asegura, cumplen con todos los requisitos legales y técnicos.
