La Inspección de Trabajo ha sancionado con casi 850.000 euros a dos empresas implicadas en la contratación ilegal de trabajadores temporales africanos en una explotación agrícola de arándanos ubicada en Begonte.
La operación policial, que desmanteló esta red en enero, comenzó con la investigación de tres individuos —dos de origen gallego y uno africano— acusados de vulnerar los derechos laborales mediante la contratación de migrantes en situación irregular.
Bautizada como Operación Anavia, la investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de A Coruña, en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Lugo. La alerta inicial surgió tras detectarse la presencia de un grupo numeroso de ciudadanos africanos hospedados en un antiguo hotel de Ordes, actualmente sin licencia para operar como alojamiento.
Fue una vecina del inmueble quien alertó a la Guardia Civil, y al llegar, los agentes encontraron a estas personas desorientadas y sin recursos. Gracias a la intervención de los servicios sociales, se les pudo reubicar, lo que permitió abrir una investigación para esclarecer los motivos de su llegada.
Las pesquisas revelaron que los migrantes, sin documentación legal para residir o trabajar en España, habían viajado desde el sur del país, principalmente desde Granada, atraídos por la promesa de empleo en el sector agrícola gallego. Una vez en Galicia, eran distribuidos por distintos alojamientos en varias localidades, por los que debían abonar un coste diario, además de sufragar el transporte hasta la finca donde trabajaban.
Durante una inspección realizada el verano pasado en la finca de arándanos de Begonte, una de las mayores de la provincia, se localizaron 92 temporeros. De ellos, 82 eran extranjeros en situación irregular, sin permisos de residencia ni de trabajo.
La investigación permitió desmantelar un entramado empresarial que operaba mediante una empresa de trabajo temporal (ETT) con sede en Sevilla. Esta empresa daba de alta a un pequeño grupo de empleados con papeles, mientras que el resto trabajaba sin contrato ni protección legal.
Como resultado del operativo y tras los informes emitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se procedió a la investigación de los tres implicados. Finalmente, se ha confirmado la imposición de una sanción económica cercana a los 850.000 euros a las dos empresas responsables.
