La decisión de la Xunta de adjudicar la gestión del nuevo Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) en Ourense a una entidad sin ánimo de lucro ha generado rechazo entre las familias afectadas, agrupadas en la plataforma ProCAPD, que exigen un modelo público directo. Durante una protesta frente a la sede autonómica, acusaron al gobierno gallego de incumplir el compromiso asumido en 2016 de garantizar una gestión pública y señalaron que esta decisión supone una discriminación hacia la provincia.
Eva Gutiérrez, portavoz de la plataforma, afirmó que “no vamos a aceptar lo que quieren hacer, que es adjudicarlo a una empresa por casi 14 millones de euros en tres años” y subrayó que “Ourense no puede estar discriminada” frente a otras provincias gallegas que ya cuentan con centros gestionados directamente por la Xunta. Además, denunció que “una democracia seria tiene que asumir su responsabilidad con los colectivos vulnerables”.
Apoyo de PSdeG y BNG
La movilización contó con la presencia de Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, quien acusó al gobierno de Alfonso Rueda de “anteponer el negocio a los cuidados” y calificó esta situación como “una crueldad que no se puede permitir ni tolerar”. Pontón destacó que las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra ya cuentan con este servicio gestionado de manera pública, mientras que las familias ourensanas aún esperan por un centro similar. “Las personas con discapacidad y los derechos no son un negocio”, afirmó.
Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG, calificó la situación actual como un “maltrato” hacia las personas con discapacidad, obligadas a desplazarse más de 100 kilómetros para recibir atención en un centro público. “No es un lujo, es un derecho básico para garantizarles una vida digna a las personas con discapacidad y a sus familias”, aseguró, exigiendo que la Xunta “ponga fin a una situación insostenible”.
La Xunta defiende el modelo de gestión
En respuesta, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió el modelo elegido, asegurando que el centro será público, con listas y precios regulados, aunque gestionado por una entidad sin ánimo de lucro. “Hablamos de un centro público, construido por la Xunta de Galicia y que tendrá unos criterios de admisión a través de listas públicas, así como unos precios públicos“, afirmó. Según Rueda, el sistema ya funciona en otros centros, como las residencias de la Fundación Amancio Ortega o un centro similar en Ferrol.
El presidente pidió “tranquilidad absoluta” a las familias y aseguró que “lo importante es que funcione cuanto antes y funcione bien”. Además, criticó las declaraciones de Pontón y Besteiro, acusándolos de “hablar sin tener ningún tipo de información” y de actuar movidos por “intereses políticos”. La apertura del centro está prevista entre marzo y mayo, con la esperanza de que las instalaciones estén operativas en abril.