La decisión del Concello de Moraña, en Pontevedra, de declarar tres días de luto oficial tras el hallazgo de los cuerpos calcinados de Marisol Costa y José Ramón García ha generado un profundo rechazo al otorgar el mismo tratamiento institucional a una víctima de violencia de género y a su presunto asesino.
Los cuerpos fueron hallados el pasado 31 de mayo en un vehículo completamente calcinado en la zona de Caneda, en el municipio vecino de Campo Lameiro. La identificación de los fallecidos, dificultada por el estado de los cadáveres, se logró días después gracias a las pruebas de ADN. Confirmada su identidad, el consistorio, gobernado por el popular Sito Gómez decretó luto oficial, suspendiendo actos públicos y colocando las banderas a media asta por «ambos vecinos».
Sin embargo, desde el primer momento la principal línea de investigación ha apuntado a un crimen machista. José Ramón contaba con un largo historial de violencia de género: condenado por agresiones a su anterior esposa durante años —incluidos episodios de extrema brutalidad incluso durante su embarazo—, también había sido denunciado por Marisol. La última condena, en marzo de este mismo año, lo declaraba culpable de agredirla en una estación de lavado tras golpearla brutalmente con una manguera. Aunque tenía vigente una orden de alejamiento y estaba registrado en el sistema Viogén como riesgo alto, ambos habrían reanudado la convivencia.
Los indicios señalan que José Ramón habría asesinado a Marisol antes de acabar con su propia vida. Aun así, el Concello de Moraña ha optado por incluir a ambos en el mismo duelo institucional, provocando el rechazo inmediato de colectivos feministas y de la oposición.
Desde el BNG local acusan al Gobierno local, presidido por el Partido Popular, de lanzar “un mensaje peligrosísimo que borra a la víctima y coloca a su maltratador en el mismo plano de dignidad”. Exigen una rectificación inmediata, considerando la declaración de luto por el agresor como “una ofensa intolerable hacia todas las mujeres víctimas de violencia machista”.
También el colectivo feminista As Moiras ha mostrado su firme repulsa, denunciando que esta equiparación institucional supone «un retroceso inaceptable en la lucha contra la violencia de género» y que «las administraciones no pueden normalizar ni invisibilizar de esta manera a las víctimas». A su juicio, la decisión del Concello no solo falta al respeto a la memoria de Marisol, sino que transmite un mensaje social de enorme peligrosidad.
