El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha cuestionado la validez de las alegaciones presentadas en contra del proyecto de instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei, promovido por la multinacional portuguesa Altri. Según las declaraciones del mandatario, el 98% de las 25.000 alegaciones recibidas por la administración autonómica son “copias” de un mismo modelo, firmadas por diferentes personas, lo que lleva a Rueda a calificar esto como una “actuación orquestada”. Solo 200 de las alegaciones, afirma, presentan un contenido distinto.
El presidente gallego ha explicado que, si bien es legal presentar alegaciones en formato de modelos preestablecidos, esta “actuación” es indicativo de una acción organizada por grupos que se oponen al proyecto. Aun así, ha insistido en que todas las alegaciones serán tenidas en cuenta para su evaluación, que sigue en manos de los técnicos de la Xunta, que presentarán un informe final de viabilidad cuando esté finalizado. Aunque la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ya ha adelantado que los informes preliminares resultan favorables a la instalación de la planta de celulosa.
El proyecto de Altri ha generado una fuerte oposición en la comarca de A Ulloa, tanto entre vecinos como entre colectivos medioambientales. Las plataformas Ulloa Viva y Defensa da Ría de Arousa han denunciado en repetidas ocasiones lo que consideran una falta de transparencia por parte de la Xunta en el desarrollo de este proceso. Además, ambas plataformas han calificado como una “maniobra antidemocrática” el envío reciente de requerimientos a los firmantes de las alegaciones, en los que se les solicita que acrediten su condición de interesados, un paso necesario para participar de manera formal en el proceso administrativo.
Opacidad de la Administración
Desde estas organizaciones, se critica que esta medida busca deslegitimar el proceso de protesta social, restando peso a las alegaciones y dificultando la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre un proyecto que, a su juicio, afectará de manera negativa al medio ambiente y al tejido social de la comarca. “Como gallegos y gallegas, afectados por su impacto, tenemos derecho a tener información de la administración: exigimos que nos cuenten lo que están haciendo”, afirman los colectivos críticos.
A pesar de estas denuncias, Rueda ha defendido que la Xunta está actuando en cumplimiento estricto de la ley. Según el mandatario, la administración autonómica está exigiendo a los firmantes de las alegaciones que justifiquen su interés legítimo en el proceso, tal como establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Evaluación Ambiental. Estos procedimientos requieren que quienes soliciten ser considerados como interesados acrediten que son titulares de derechos o intereses que puedan verse afectados directamente por el proyecto, o que representan a entidades que defienden intereses colectivos, como asociaciones medioambientales.
También ha relacionado las protestas con el BNG y se negó a mantener una reunión tras la manifestación de junio en Santiago, que tuvo lugar semanas después de una multitudinaria protesta en Palas. Además, otros órganos consultivos de la Xunta ha sido objeto de críticas del mandatario, como el Consello da Cultura Galega, que publicó un informe contundente en contra de la construcción de la macrocelulosa en A Ulloa
