El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves la continuidad del llamado “teléfono antiokupas” habilitado por su Gobierno, a pesar de que los propios datos oficiales reconocen que el servicio apenas recibe llamadas por ocupaciones ilegales de viviendas. Según la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, sólo el 3% de las consultas realizadas en 2024 están relacionadas con este motivo: apenas tres de un total de 109.
“Mi impresión, y creo que las estadísticas así lo demuestran, es que afortunadamente no tenemos la incidencia en ‘okupaciones’ que hay en otros lugares de España. Eso no quiere decir que no se produzcan y es la razón de mantener ese teléfono”, ha señalado Rueda, preguntado por la escasa utilidad práctica del servicio. A pesar de la baja incidencia, ha insistido en que “hay que dar más seguridad a los propietarios” y ha criticado la legislación estatal por centrarse en topar precios o subir impuestos en lugar de proteger a los arrendadores.
El teléfono, activo desde diciembre de 2020, se presentó como una herramienta pionera para dar apoyo jurídico gratuito a quienes sufrieran una ocupación ilegal. En su primer año de funcionamiento se invirtieron 27.000 euros y este 2024 el presupuesto se ha más que duplicado hasta los 61.000 euros, con la colaboración de 135 abogados. Paradójicamente, hay más abogados disponibles que consultas recibidas.
Los datos aportados por el Consello da Avogacía Galega, que gestiona el servicio, muestran que la mayoría de las llamadas no están relacionadas con ocupaciones: un 16% se refieren a desahucios, un 12% a contratos de alquiler y un 8% a reclamaciones contractuales. La ocupación ilegal, motivo original del servicio, es una de las problemáticas menos frecuentes, con un 3% de las llamadas, sólo por delante de las consultas sobre ayudas a la rehabilitación de viviendas.
La propia conselleira Martínez Allegue admitió este domingo en una entrevista con la Cadena SER que las llamadas “son muy diversas”, y que aunque las relativas a la ocupación sean escasas, “eso no quiere decir que no existan”. Aun así, sigue refiriéndose al número como “teléfono antiokupa”.
Un modelo que Feijóo quiere llevar a toda España
Pese a su escaso uso, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere replicar este modelo en todas las comunidades gobernadas por su partido. En una reunión de barones populares celebrada en enero de este año, todos los presidentes autonómicos del PP firmaron un compromiso para implantar servicios de atención a las víctimas de la ocupación, que incluirían asesoría jurídica, registros de viviendas ocupadas y teléfonos similares al gallego.
La Xunta fue pionera en poner en marcha esta línea de atención a pesar de que los datos cuestionan la magnitud del problema en Galicia. Las estadísticas oficiales y los informes del Consello da Avogacía Galega coinciden en que la ocupación no es una preocupación significativa para la ciudadanía gallega frente a otras urgencias reales como los desahucios o las dificultades para acceder a una vivienda digna.
A pesar de esta realidad cuantificable, la Xunta mantiene su apuesta por el dispositivo. Rueda lo justifica por una supuesta necesidad de prevención y desde el PP se insiste en crear un marco común de actuación contra la okupación en todas las comunidades que gobierna, una estrategia que parece responder más a un discurso político que a una demanda social contrastada.
