El Concello de Santiago de Compostela ha formalizado este lunes la solicitud a la Xunta de Galicia para que la ciudad sea reconocida como zona de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda. Esta declaración permitiría aplicar mecanismos de contención de precios del alquiler, acceder a ayudas para vivienda pública y establecer incentivos fiscales para arrendamientos.
El gobierno local, encabezado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, defiende que la capital gallega atraviesa una situación crítica en materia de acceso a la vivienda. La iniciativa fue anunciada por la portavoz municipal, Míriam Louzao, y el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, tras la reunión semanal de la Xunta de Goberno.
Nuevas condiciones solicitadas
Además de pedir la declaración, el Concello solicita que se apliquen dos medidas adicionales previstas en la ley: que se considere gran tenedor a quienes posean cinco o más inmuebles residenciales —en lugar de los diez que fija la norma por defecto—, y que las viviendas que lleven más de cinco años desocupadas también queden sujetas a la limitación de precios.
El objetivo de ambas medidas es incorporar al marco regulador una parte significativa del parque inmobiliario que escapa actualmente a estas restricciones. Según datos del padrón del IBI, 463 titulares poseen cinco o más viviendas en la ciudad, sumando alrededor de 3.700 inmuebles, lo que representa casi el 7% del total de viviendas urbanas de uso residencial en Compostela.
El alquiler, principal factor de tensión
La solicitud se apoya en un estudio realizado por el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña, encargado por el consistorio. El informe concluye que Santiago supera dos de los cuatro umbrales de tensión establecidos por la ley, aunque basta con que se cumpla uno solo para iniciar el procedimiento.
Por un lado, el alquiler medio representa un 31,1% de la renta media familiar, por encima del límite legal del 30%. Por otro, los precios del alquiler por metro cuadrado han subido un 44,8% en los últimos años, mientras que el IPC creció un 20,8% en el mismo periodo, duplicando así el umbral de referencia legal del 23,8%.
El concelleiro de Urbanismo subrayó que el estudio demuestra que el principal factor de tensión en Santiago es el alquiler, y que urge actuar para evitar que el acceso a la vivienda siga siendo “una fuente de desigualdad y un factor de empobrecimiento”.
Una herramienta, no un objetivo
Lestegás insistió en que esta declaración no es un fin en sí misma, sino una herramienta para frenar la escalada de precios mientras se implementan soluciones estructurales, como la construcción de vivienda pública o la activación de inmuebles vacíos.
De aprobarse, la declaración tendría una vigencia de tres años y permitiría, entre otras cosas, limitar las subidas de precios entre contratos y aplicar los índices de referencia estatales para establecer precios máximos. Los contratos de alquiler, además, deberán indicar el valor de la última renta para facilitar el control de estas medidas.
Críticas a la Xunta por “desentenderse” del problema
El edil reprochó a la Xunta haber trasladado a los ayuntamientos la responsabilidad de justificar la solicitud y elaborar el plan de medidas correctoras, a pesar de que la ley atribuye esta tarea a la administración autonómica. “La Xunta se ha desentendido por completo de este asunto”, afirmó, y añadió que esa actitud demuestra que “la creciente dificultad de acceso a una vivienda no le importa al PP”.
La Xunta dispone ahora de un plazo de seis meses para responder a la solicitud. En caso de silencio administrativo o rechazo, el Concello contempla iniciar un procedimiento contencioso-administrativo.
Santiago fue el primer municipio gallego en anunciar su intención de acogerse a esta herramienta legal. Con la formalización de la solicitud, se suma a A Coruña, que presentó la suya en abril, como las únicas ciudades gallegas que han decidido utilizar este mecanismo para hacer frente a la crisis de la vivienda.
