La CIG-Servizos ha pedido al Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL) tener una reunión y continuar con la negociación del convenio de los servicios de ayuda en el hogar (SAF). Según ha indicado el sindicato en un comunicado, la última noticia al respecto ha sido la firma de un preacuerdo por parte de CCOO y UGT, pero tras varias semanas, “se desconoce cuál es la situación” y la huelga continúan sin “que se sepa nada del convenio”. Así lo ha explicado la secretaria nacional da CIG-Servizos, Transi Fernández, que ha recordado que la firma de ese preacuerdo fue el 20 de octubre y que, desde ese momento, “no se supo nada más”.
“Por lo que a nosotros respecta, no hay nuevo convenio y queremos seguir negociando porque lo más importante es que se reconozcan los derechos laborales, salariales y sociales de las trabajadoras del SAF, se dignifique su labor y se reconozca, a los trabajos de cuidados, el carácter esencial y la relevancia que tienen para el conjunto de la sociedad y para los mayores”, ha indicado Fernández. De esta forma, la secretaria nacional de la CIG-Servizos ha remarcado que la huelga va a continuar y se mantiene la demanda de que se hagan efectivos los incrementos salariales del 6,5% correspondientes al incremento del IPC en 2021.
Cumplimiento de servicios mínimos
Además, ha incidido en el “compromiso y la lucha de las trabajadoras” que mantienen las movilizaciones y la lucha por un convenio digno “garantizando el escrupuloso cumplimiento” de los servicios mínimos y de “todas las prestaciones básicas” a los usuarios. Así, ha rechazado las acusaciones que, según ha indicado, se produjeron por parte de algún concejal como en Moaña, “donde un representante de la oposición calificó la huelga como discriminatoria”.
“No existen las huelgas discriminatorias, que son los propios ayuntamientos los que decretaron los servicios mínimos a cumplir con su cuestionamiento de las horas de uso sindical”, ha recordado Fernández. Asimismo, Fernández ha aludido a que la huelga indefinida fue convocada contra un preacuerdo de convenio firmado por parte de CC OO y UGT “que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y crea una doble escala salarial” en función del ayuntamiento en el que trabajen.
Preacuerdo
En el preacuerdo se establecieron dos tablas diferenciadas que dependen de cuando se liciten los contratos. Así, las trabajadoras de una localidad en la que no se va a sacar un nuevo concurso hasta dentro de dos años se le aplica el incremento salarial del 1% en 2023 y otro 1% en 2024, ha recogido la CIG en el comunicado. Sin embargo, las del ayuntamiento de al lado que sí se licite este año, tendrá incrementos del 3,15% en 2023 y del mismo porcentaje en 2024. Lo que resulta que unas trabajadoras tendrán en dos años una subida del 2% y otras de un 6,30%. Con todo, han señalado que las empleadas realizan su trabajo en los domicilios de las personas usuarias, hasta los cuales deben desplazarse en sus propios vehículos.
Por este motivo, estaban cobrando por kilómetro 0,19 euros, una cantidad “claramente insuficiente teniendo en cuenta los precios de los combustibles”. Con lo cual, “no resuelve el problema” al incremento que se contempla en el preacuerdo que establece cobrar 0,22 céntimos kilómetros, pero “sin atrasos y sin subir esta compensación durante toda la vigencia del convenio (2022-2026)”. Ante esto han criticado que “lo más grave” es que la “patronal pretende liquidar del convenio la cláusula de revisión salarial” que funcionaba hasta el momento y “chantajeó toda la negociación negándose a aplicar el incremento del 6,5% del 2021 hasta la publicación en el DOG”.
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