El concejal no adscrito del Concello de Touro (A Coruña) Darío Rey ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular para desalojar de la alcaldía al actual regidor, Roberto Castro, de Movemento Veciñal. El pacto, que cristalizará en una moción de censura inminente, permitirá al portavoz popular, Jesús Reboredo, asumir el bastón de mando, mientras Rey se reserva la presidencia de una comisión municipal de medio ambiente con capacidad de condicionar la gestión del nuevo Gobierno local.
El eje central del acuerdo es la personación del Concello en todos los procesos judiciales relacionados con el controvertido proyecto de la mina de Touro-O Pino. Esta medida, largamente reclamada por Rey y hasta ahora ignorada por los sucesivos gobiernos municipales, se ejecutará en un plazo de dos meses. Además, el Consistorio deberá abstenerse de brindar cualquier respaldo institucional a la mina mientras no exista un consenso social y político mayoritario, y en ningún caso durante lo que resta de mandato.
Rey, que fue número dos de la candidatura de Movemento Veciñal, abandonó el gobierno local tras profundas diferencias con el actual alcalde, especialmente por la «ambigüedad» de Castro respecto al proyecto minero. El edil critica que ni el gobierno de Castro ni los anteriores, incluidos los del PP cuando tenían mayoría absoluta, adoptaron medidas legales frente a la mina, pese a la magnitud del impacto ambiental y social que supondría.
La moción de censura será posible gracias a un reciente fallo del Tribunal Constitucional que eliminó una restricción de la ley electoral que penalizaba las iniciativas apoyadas por concejales tránsfugas, como es el caso de Rey. Ahora, la mayoría absoluta requerida no se ve ampliada por esa circunstancia, desbloqueando la operación.
El pacto contempla también la contratación en un plazo de 45 días de una consultora independiente y especializada en derecho ambiental y administrativo, que elaborará informes técnicos y periciales que podrán ser utilizados en las causas judiciales y que asesorará tanto al Concello como a las asociaciones vecinales afectadas.
Para garantizar el seguimiento de estas acciones, Rey presidirá una comisión permanente de medio ambiente cuyo criterio el gobierno municipal deberá respetar. Asimismo, el acuerdo prohíbe la firma de convenios, colaboraciones o compromisos económicos con las empresas promotoras de la mina mientras esté en vigor el pacto.
Desde la dirección provincial del PP defienden que la moción responde a la necesidad de devolver la gobernabilidad a un Concello donde, aseguran, el actual gobierno ha sido incapaz de aprobar los presupuestos ni de gestionar el Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación. Según los populares, la gestión de Castro ha llevado al municipio a perder más de un millón de euros en ayudas y a incumplir reiteradamente los acuerdos plenarios.
Jesús Reboredo, futuro alcalde si prospera la moción, destaca que su prioridad será recuperar la estabilidad institucional, dar respuesta a las necesidades urgentes de la población —como el deficiente abastecimiento de agua— y desbloquear la aprobación de unos presupuestos que siguen prorrogados desde 2022.
Esta operación será la segunda moción de censura en Galicia tras la sentencia del Constitucional, siguiendo la estela de Forcarei, donde el PP también ha promovido un cambio de gobierno con el apoyo de un edil no adscrito.
