Un juzgado de Noia abre diligencias por posible delito contra el medio ambiente tras el vertido de pélets

La jueza entiende que es procedente determinar tanto la naturaleza de los hechos como aquellas personas posibles involucradas
Miles de pellets de plástico en la Praia das Furnas, en Porto do Son | @SURFRIDERESPANA
Miles de pellets de plástico en la Praia das Furnas, en Porto do Son | @SURFRIDERESPANA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) ha acordado incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido de pélets en la costa gallega, tras la pérdida de carga de un buque frente a Portugal el 8 de diciembre.ç Así, la jueza ha ordenado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que remita al juzgado un informe en el que se consignen «los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación ‘Toconao’, las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pélets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada».

Esta actuación llega tras la denuncia presentada en los últimos días por Podemos, a la que ha acumulado la que ha puesto conjuntamente Fundación Montescola, Ecoloxistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia. Todas estas entidades han sido admitidas para personarse como acusación popular. La titular del número 2 de Noia ha emitido sendos autos, aunque todavía no son firmes y cabe recurso, en los que explica que todavía no están determinadas «la naturaleza y circunstancias de tales hechos», ni tampoco «las personas que en ellos han intervenido».

En este contexto, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza entiende que es procedente incoar diligencias previas y practicar las esenciales para lograr determinar tanto la naturaleza de los hechos como aquellas personas posibles involucradas. Además, la jueza ha asegurado que los denunciantes –Podemos y el resto de plataformas y colectivos– que pueden conformar la acusación popular, para lo cual tendrán cinco días para personarse, están «legitimados» para ello porque en los hechos, que «podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales», entran en juego «intereses supraindividuales o institucionales».

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