Fernando, un marinero jubilado con más de tres décadas de trabajo en barcos de pesca, lleva 141 días esperando una intervención quirúrgica para tratar un carcinoma basocelular en el rostro. Su caso, clasificado como de prioridad 2 —lo que legalmente implica un tiempo máximo de espera de 90 días—, se ha convertido en un ejemplo del impacto que pueden tener los retrasos en la atención sanitaria sobre los pacientes.
Hace unos años, a Fernando ya le habían diagnosticado un carcinoma basocelular en la nariz, del que fue operado con éxito. “Por mi trabajo pasé muchos años expuesto al sol, sobre todo en África. Cuando me detectaron aquella primera lesión, me recomendaron extremar las precauciones”, relata.
En febrero de 2025, acudió a su médico de familia tras notar una nueva “verruga” en la nariz y otra bajo un ojo. El 27 de mayo, el especialista confirmó el diagnóstico de un nuevo carcinoma y lo incluyó en la lista de espera quirúrgica con prioridad 2. “Firmé el consentimiento informado y me dijeron que debía operarme en menos de tres meses”, explica. Sin embargo, los meses pasaron sin noticias.
Tras varias reclamaciones electrónicas y presenciales, Fernando fue informado de que su operación no estaba prevista hasta marzo de 2026, diez meses después del diagnóstico. “La lesión ha empeorado mucho. Ahora tengo una herida profunda, con dolor, sangrados y una afectación estética importante”, lamenta.
El retraso, asegura, le ha provocado ansiedad, inseguridad y malestar psicológico. “Lo que al principio parecía una cirugía sencilla, ahora podría requerir una intervención reconstructiva más compleja, incluso con injertos de piel”, añade.
El paciente ha presentado una denuncia formal ante las autoridades sanitarias y ha decidido hacer público su caso “para evitar que otras personas sufran lo mismo”.
«No es un caso aislado»
Desde la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, que ha difundido su testimonio, denuncian que este no es un caso aislado. “Los pacientes seguimos siendo víctimas de los problemas estructurales del sistema sanitario gallego”, señalan en un comunicado.
La entidad considera que el de Fernando “es otro ejemplo del abandono asistencial que padecen personas con enfermedades graves y tiempo-dependientes”, y recuerda que la normativa vigente establece que las cirugías de prioridad 2 deben realizarse en menos de 90 días.
La asociación reclama que se respete el criterio clínico por encima del gerencial y que se dote al sistema de los medios necesarios para garantizar una atención adecuada. “Los pacientes no somos cifras en una lista informática. Somos personas con derechos y con necesidades reales”, concluyen.
