Derecho a Morir Dignamente señala a Galicia como una de las ocho comunidades —junto a Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra— que no han publicado “ningún informe de evaluación desde la entrada en vigor” de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Además, un tercio de las personas que solicitaron la eutanasia murieron durante su tramitación, un total de 21 de las 75 que la solicitaron desde su entrada en vigor.
El vicepresidente del Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, reprocha que Galicia solo “publicó un PDF de una página que no se puede considerar un informe”. Remarca que la propia Ley de Eutanasia establece que la comisión de garantía y evaluación deber “elaborar y hacer público un informe anual de evaluación sobre la aplicación de la ley en su ámbito territorial concreto”. Además, la disposición adicional tercera de la ley ordena a las comunidades remitir al Ministerio de Sanidad ese informe anual.
Alrededor de 750 personas solicitaron la eutanasia en España en 2023, un 30% más que en 2022, según ha adelantado el vicepresidente del Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, en el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que se conmemora este martes.
Estos datos se acercan a los que maneja a fecha de este martes el Ministerio de Sanidad, a los que ha tenido acceso Europa Press, que cifran en 323 las prestaciones de eutanasia realizadas y en 727 las solicitudes de 2023. Están incluidas todas las comunidades, pero son números provisionales, a la espera de la elaboración del informe por parte de los técnicos del Ministerio y cuya publicación aún no tiene fecha.
Marín ha llamado a “mejorar” la calidad de los datos, ya que, en contra de lo que dicta la ley, aún hay ocho autonomías que no han publicado ningún informe públicamente, lo que dificulta la realización de una radiografía exacta de la situación de la eutanasia en España.
Asimismo, ha criticado que los plazos de la tramitación de este derecho “se prolongan demasiado”. “Deberían durar de 30 a 35 días y llegan a los 75 días de media”, ha detallado. La principal consecuencia derivada de ello es que la tercera parte de las personas que piden la eutanasia mueren mientras se procesa su solicitud.
En 2022, un total de 152 personas fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia, según el informe del Ministerio, que cifra en 576 las solicitudes totales de ayuda para morir. Sin embargo, no se refleja ninguna información sobre 48 de esos casos porque no existe un informe del médico responsable.
En este sentido, DMD también denuncia el “gran número” de solicitudes denegadas, que llegan al 20 por ciento del total, por “motivaciones variadas”. Además, se ignora cuántas personas solicitaron la eutanasia en su testamento vital, porque en 215 casos no aparece este dato en el informe del Ministerio de Sanidad.
Al hilo, Marín ha aclarado que “no hay boicot” a la ley por parte de las CCAA gobernadas por el PP, si bien ha confesado su “preocupación” por Castilla y León, porque dentro de la comisión de evaluación hay miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia, lo que desemboca en un “maltrato institucional” a las familias. Otra de estas comunidades es Murcia, donde se denegó la petición de una persona con demencia grave porque “no se podía medir objetivamente su sufrimiento”. “Hay comisiones que se inventan requisitos que no se contemplan en la ley”, ha abundado Marín.
Según el informe del Ministerio de Sanidad, en 2022 fallecieron por eutanasia un total de 288 personas en España. Se trata del primer año completo con datos oficiales, porque en 2021 la ley entró en vigor el 25 de junio, y en los seis meses posteriores se registraron 75 eutanasias.
En este sentido, cuando se calculan las tasas de eutanasias realizadas en relación al número de fallecimientos en las comunidades, las cifras “varían mucho”. “La desigualdad entre territorios es grave porque vulnera el principio de igualdad ante la ley. Es inadmisible que el acceso al derecho dependa del lugar donde se vive”, ha lamentado por su parte Loren Arseguet, del grupo internacional de DMD.
En 2022, la tasa de eutanasia sobre el total de fallecimientos en España fue inferior al 0,07%, con “enormes desigualdades territoriales”, según Arseguet. Por ejemplo, en Navarra, País Vasco o Cataluña fue superior al 0,1%, pero en Murcia, Extremadura o Galicia fue diez veces menor.
“No sabemos si la cifra tan baja de eutanasia en España se debe a que la LORE tiene un procedimiento de tramitación muy farragoso y muy burocrático, muy complejo. Esta característica, por lo menos, podría explicar en parte el elevado número de personas que han fallecido durante la tramitación de la gestación”, ha declarado Arseguet.
La responsable internacional de DMD ha comparado la situación española con la de Bélgica, donde se aprobó una ley de eutanasia en 2002. Allí, hasta 2011, la tasa de fallecimiento por eutanasia sobre los fallecimientos totales no pasó del 1%. A los tres años, era del 0,38%. “Juzgaron que era muy poco, y la asociación hermana a la nuestra investigó. Su diagnóstico fue que la ciudadanía desconocía completamente la ley y los profesionales sanitarios también la desconocían”, ha argumentado Arseguet.
Propuestas de mejora
Por ello, DMD ha hecho tres propuestas para mejorar el acceso a la eutanasia en España. La primera, que la tramitación esté “clara” desde el principio, tanto para la persona solicitante como para los profesionales sanitarios que reciben la petición. “Para esto sería necesario que hubiese protocolos claros de respuesta a una solicitud de eutanasia”, ha reclamado. Por ejemplo, en Galicia y Asturias las solicitudes de eutanasia se registran desde que se formulan y es la Consejería de Sanidad que le insigna el médico responsable, lo que elimina el hecho de que una solicitud puede tardar semanas hasta empezar a tramitarse.
Otra de sus propuestas pasa por que todas las unidades que prestan servicios sanitarios se planifiquen adecuadamente para que, cuando surge la objeción de conciencia, estén en condiciones de garantizar la facilitación de un médico consultor o médico responsable alternativo.
La última medida, que ya se aplica por ejemplo en País Vasco, Cataluña o Asturias, es la designación de una persona de referencia sobre la eutanasia en diferentes niveles, que puede ser territorial, por centro de salud, hospital o área sanitaria.