El Consello de Contas de Galicia ha publicado este miércoles el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros.
Así se desprende del documento, de más de 300 páginas, que indica que la “opción más ventajosa” sería la licitación de un contrato de obras para la ejecución de la infraestructura, por una parte, y la licitación de contratos de servicios, por otra.
“En términos económicos, la alternativa de la licitación de la obra por una parte y la licitación de contratos de servicios por otra, es más eficiente que el contrato de concesión realizado, ya que se podrían alcanzar resultados similares a un menor coste”, indica Contas.
En concreto, la diferencia estimada entre el importe de la proyección de pagos de ambas alternativas es de unos 382 millones de euros sin IVA y de unos 470 millones con IVA, lo que supone una diferencia en términos de valor actual neto de más de 133 millones sin IVA.
“El análisis de los datos anteriores lleva a concluir que la opción más ventajosa sería la licitación de un contrato de obras para la ejecución de la infraestructura, por una parte, y la licitación de contratos de servicios, por otra”, insiste Contas.
En sus conclusiones, el Consello de Contas asegura que la elección de la opción de contratación se realizó “sin un análisis comparativo previo en términos de eficiencia y eficacia con respecto a una adjudicación de contrato público tradicional”.
En el caso del Álvaro Cunqueiro se trata de un contrato de concesión de obra pública, cuyo objeto incluye no solo la construcción y explotación del nuevo hospital, sino también la prestación de servicios no sanitarios. Además, estos servicios se prestarán en el Álvaro Cunqueiro, así como en el Meixoeiro y en el Nicolás Peña.
“La ampliación del objeto del contrato al Hospital Meixoeiro y al Nicolás Peña, en los que no se realizó ninguna actividad constructiva, no tiene soporte legal en la definición de concesión de obra pública contenida en la legislación de contratos vigente en el momento de la licitación”, alerta Contas.
El organismo también señala que el Estudio de Viabilidad completo fue sustituido por el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, alegando el Servizo Galego de Saúde (Sergas) que el proyecto sectorial cumplía con el contenido previsto en la legislación para el estudio de viabilidad.
Sin embargo, Contas considera que “la actuación es una de las inversiones con mayor impacto económico llevado a cabo por la Administración autonómica, por lo que no se sustenta la simplificación de este trámite administrativo”.
Cambios del proyecto a la ejecución
El Consello de Contas también indica que el proyecto básico aprobado antes del inicio del expediente de contratación incluía una superficie útil de la infraestructura de más de 104.000 metros cuadrados.
“Teniendo en cuenta que la Administración sustituyó el Estudio de viabilidad completo, por el Estudio de viabilidad económico-financiera, el Proyecto básico (o en su caso anteproyecto) es un documento previo de carácter obligatorio y debe guardar coherencia con el objeto de la contratación. Sin embargo, la superficie útil hospitalaria fue modificada en dos ocasiones”, subraya.
En concreto, en el pliego de prescripciones técnicas recoge la no ejecución de casi 11.000 metros cuadrados. Una vez adjudicado y formalizado el contrato, se reducen unos 11.972 metros útiles.
“Estas reducciones evidencian una planificación insuficiente de la actuación y, en el caso de la última, contraviene los principios de igualdad de trato, de no discriminación, de concurrencia y de transparencia que deben regir la contratación pública”, asegura Contas.
Pese a reconocer que la Administración no asumió sobrecostes en la obra, sí “existió una reducción de la superficie hospitalaria que tiene incidencia tanto en la fase de construcción de la infraestructura como en el coste de la prestación de los servicios, sin que se haya reducido el precio del contrato”.
Respecto a la eficacia de la inversión, la construcción del hospital, que se levó a cabo durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, “no logró alcanzar completamente los objetivos fijados”. Así, Contas recuerda que en la memoria de justificación del centro se recogía la necesidad de conseguir 2.000 camas en el total del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), mientras que el mayor número de camas instaladas en el periodo fiscalizado fue de 1.366 en 2020.
“Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)”, recoge Contas.
Recomendaciones
Tras su análisis, Contas propone una serie de recomendaciones para futuras inversiones similares. Entre ellas, la de realizar una planificación “idónea” de la inversión por parte de la Administración antes de iniciar el expediente de contratación, con el objetivo de garantizar la transparencia de la licitación y evitar modificaciones del objeto del contrato.
También destaca que la selección de la contratación debe ir precedida de un análisis comparativo “sólido” sobre la mejor opción de contratación, “que garantice una gestión eficiente del gasto público”.
“La Administración debe evitar la sustitución del estudio de viabilidad completo por el estudio de viabilidad económico-financiera en actuaciones de naturaleza y características similares a la fiscalizada”, recoge Contas, indicando que “se recomienda realizar un seguimiento adecuado de las inversiones en reposición ofertadas, con el objeto de comprobar que las reposiciones realizadas sean las ofertadas y que se respeta el calendario de las inversiones”.
Críticas de la oposición
La oposición, muy crítica con el procedimiento escogido para construir el hospital proyectado durante el bipartito, ha cargado duramente contra la Xunta y el PP tras el varapalo del Consello de Contas. Así, el PSOE ha puesto en duda la capacidad de gestión de Feijóo, acusándolo de “presumir” de su hoja de servicios mientras este informe es “demoledor” e “implacable” con él.
“Una vez más, el ansia por privatizar y por desmantelar lo público supone un perjuicio económico para los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos. Feijóo no estuvo a la altura, igual que otra gran privatizadora: Isabel Díaz Ayuso”, según espetan en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el BNG ha denunciado la “estafa gigantesca” del “modelo privatizador” del hospital y ha pedido al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que inicie el rescate de la concesión tras el “entramado de irregularidades” que recoge, a su juicio, el Consello de Contas de Galicia.
“El Gobierno del PP tiene que dar muchas explicaciones sobre este entramado de irregularidades que denuncia el Consello de Contas, pero lo más importante es que atienda el clamor social que demanda una rectificación completa, un giro de 180 grados en sus nefastas políticas sanitarias”, ha manifestado el diputado vigués Brais Rúanova.
Para él, el documento del órgano fiscalizador confirma que los ‘populares’ quisieron hacer del Álvaro Cunqueiro su “punta de lanza de una estrategia para convertir la sanidad gallega en un goloso negocio para el sector privado”.
A estas críticas se ha sumado la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que ha pedido a la Xunta que abra un proceso para “depurar responsabilidades” y que revierta al sistema público el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la Asociación ha tachado de “latrocinio” la historia de dicho centro hospitalario, indicando que el gobierno del PSdeG y del BNG en la Xunta había proyectado la construcción del mismo por el sistema público, “pero Alberto Núñez Feijóo tras llegar al poder lo traspasó al sistema privado utilizando la colaboración público-privada”. “Copiando un modelo creado en Reino Unido por Margaret Theatcher y que posteriormente fue abandonado por sus sobrecostes y por estar asociado a un aumento de la mortalidad por los recortes que introducían para beneficiar a las empresas privadas”, han añadido.