La contaminación ganadera del embalse de As Conchas ha llevado a los vecinos de la zona a tomar una medida sin precedentes en Europa: la asociación local de vecinos, en colaboración con la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y siete ciudadanos particulares, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y los municipios de Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos.
Una denuncia por violación de derechos humanos
El litigio, respaldado por las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra y ClientEarth, acusa a las administraciones de no garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tratos degradantes, la vida privada y familiar y la protección de la propiedad. Según los demandantes, la contaminación del embalse por residuos de la ganadería industrial ha generado un grave deterioro en las condiciones de vida de los residentes.
La principal causa del problema es la gestión deficiente de los purines y la gallinaza —residuos de las explotaciones ganaderas intensivas— que, debido a la falta de control, han contaminado el agua y el aire de la zona.
Un caso que sienta un precedente en Europa
Amigas de la Tierra destaca que este es el primer caso en el continente en el que un tribunal analizará el impacto de la ganadería industrial sobre los recursos hídricos desde la óptica de los derechos fundamentales. Los vecinos denuncian que, como consecuencia de la contaminación, temen beber agua de los pozos, el aire está cargado de malos olores y, en algunos casos, incluso el agua de abastecimiento municipal está afectada.
Además, la demanda alerta sobre los niveles «extremadamente elevados» de nitratos en el embalse, un riesgo asociado a enfermedades graves como el cáncer de tiroides, mama y páncreas, así como a la metahemoglobinemia, un trastorno sanguíneo potencialmente mortal. También se ha detectado la presencia de bacterias resistentes a antibióticos, lo que agrava el problema de salud pública.
Años de intentos fallidos por lograr soluciones
El origen del problema se remonta a 2011, cuando se detectó una explosión de cianobacterias en el embalse, cubriendo su superficie con una película verde. Desde entonces, los vecinos han intentado dialogar con las autoridades sin obtener soluciones.
Blanca Ruibal, de Amigas de la Tierra, señala que este modelo de ganadería «perjudica tanto a las personas como al entorno» y exige un plan para reducir la ganadería industrial en favor de alternativas sostenibles. Por su parte, Nieves Noval, abogada de ClientEarth, denuncia la «permisividad reiterada» de las administraciones con estas explotaciones.
David Sánchez, director de CECU, recalca que los vecinos no pueden seguir dependiendo de camiones cisterna o agua embotellada para su día a día. «Nos hemos reunido muchas veces con las autoridades, pero sentimos que no nos escuchan», lamenta Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos y demandante en el caso.
