Tan solo un día ha pasado desde el Debate sobre el Estado de Autonomía en el que el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, daba a conocer una nueva iniciativa para combatir el fraude en las bajas laborales. Y la respuesta del Gobierno central no ha tardado en llegar.
Era la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien se mostraba esta mañana contundente con la iniciativa, que considera «absolutamente ilegal» y que recurrirá en el Tribunal Constitucional. La ministra de Trabajo considera que las medidas presentadas cuestionan la profesionalidad del personal sanitario y suponen, además, una enmienda a la propia gestión de la sanidad gallega. También critica que el refuerzo del papel de las mutuas privadas abra la puerta a una mayor privatización del sistema.
Una invasión de competencias estatales
Díaz insistía en la actuación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional al considerar que las iniciativas propuestas por el gobierno gallego suponen una “clara invasión de competencias estatales”. La ministra pone así el foco en la creación de un órgano de control de las bajas y en el protagonismo otorgado a las mutuas, recordando que la competencia para determinar las incapacidades corresponde fundamentalmente a los médicos. Además, advierte de la especial sensibilidad de los procesos vinculados a la salud mental y a las lesiones musculares.
Urgencia frente al absentismo
El anuncio durante el Debate sobre el Estado de Autonomía nace de la necesidad «urgente» de abordar el incremento y la duración de las incapacidades temporales en Galicia, al considerar que están afectando a la productividad. Como respuesta, la Xunta plantea un “programa integral” que incluye la creación de una unidad específica para supervisar las bajas, con especial atención a las más frecuentes, como las relacionadas con dolencias musculoesqueléticas y problemas de salud mental de carácter leve.
Entre las medidas previstas, el Ejecutivo gallego pretende reforzar el papel de las mutuas, de modo que sus propuestas de alta médica sean ratificadas por la inspección sanitaria, que solo citaría al trabajador en caso de duda.
