El teniente de alcaldesa y portavoz del Ejecutivo local de Lugo, Miguel Fernández, denunció hoy la “bajeza política y moral” de los concejales del PP por instrumentalizar la preocupación social en torno al fenómeno de la okupación, “única y exclusivamente para alcanzar réditos partidistas”.
Fernández lamentó que “el Partido Popular viva anclado permanentemente en la estrategia de infundir temor, generar alarmismo y tratar de exacerbar cualquier sentimiento de inquietud ciudadana siempre culpabilizando de manera directa y sistemática a la Administración local, incluso sobre dos aspectos que no son competencia municipal como es la vivienda, materia que gestiona la Xunta de Galicia, y la seguridad ciudadana, tutelada por el Gobierno Central”.
“Aun así, y como tantas veces ha referido la propia regidora, cualquier cuestión que genere malestar o incertidumbre en la población lucense, nos competa o no, sí que nos incumbe y muestra de eso es el diálogo y colaboración constante que mantenemos con otras Administraciones, como puede ser la subdelegación del Gobierno para atajar cualquier incidencia que guarde relación con el mantenimiento de la orden pública”, manifestó el portavoz municipal.
Miguel Fernández insistió en que “el hecho de que exista una sola ocupación en Lugo ya nos preocupa y estamos trabajando, dentro de nuestras capacidades, para evitar que se reproduzca pero no podemos perder de vista las causas que la originan que es la falta de vivienda pública y de protección oficial, algo que venimos demandando desde este Gobierno local desde hace mucho tiempo y un defecto que desde el Ayuntamiento contribuimos a paliar con la puesta la disposición de tres pisos para familias vulnerables en situación de Emergencia Social, otros tres para mujeres víctimas de violencia de género, así como cinco viviendas domóticas para favorecer la autonomía de personas con diversidad funcional, sin olvidar las partidas anuales de 300.000 euros que destinamos a ayudas a alquiler, entre otras medidas”.
“Y si bien, por otra parte, ofrecemos toda la cooperación posible de la Policía Local para disuadir e impedir las okupacións, en este caso, la legislación actual obliga la que sean los propietarios de las viviendas afectadas los que denuncien y pongan en conocimiento de la justicia aquellos casos que se produzcan para poder actuar contra ellos”, afirmó Fernández.
“Pero es que además, insistimos, las competencias en materia de vivienda le corresponden a la Xunta de Galicia. De hecho es que, en base a eso, la propia Xunta habilitó, en 2021, un número de teléfono gratuito para asesorar a las personas afectadas por las okupacións, es decir, ese recurso existe y ya lo puso en marcha a Administración que tiene las competencias”, explicó.