La Guardia Civil, en el marco de la denominada ‘Operación Sayal’, ha procedido a la detención de 12 personas pertenecientes a una organización dedicada al tráfico de armas y munición en el ámbito nacional que se ha saldado con registros en varias provincias españolas, entre ellas Lugo y Pontevedra.
Según ha informado el Instituto Armado, en la operación se han realizado 17 registros en las provincias de Madrid, Toledo, Sevilla, Navarra, Gerona, Tarragona, Pontevedra, Lugo, Salamanca, Murcia y Melilla, en los que se han intervenido 339 armas de fuego, 37.426 cartuchos metálicos de diferentes calibres, 13,2 kilos de pólvora, y silenciadores, entre otros efectos.
En el caso concreto de Lugo, además de numerosas armas y municiones, igualmente se intervinieron 2,7 kilos de marihuana y 15 colmillos y figuras de marfil, a un individuo que finalmente fue detenido en Melilla.
A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, depósito de explosivos, tenencia ilícita de armas prohibidas, contra la salud pública -tráfico de drogas- y contrabando.
La operación se inició en octubre del pasado año, cuando los agentes, en otra operación independiente, procedieron a la detención en Madrid de uno de los principales traficantes de munición del país, que a través de Internet había vendido más de 36.000 cartuchos metálicos que enviaba a sus compradores por medio de paquetes postales.
Fruto de esta investigación, se puso de manifiesto que este individuo se dedicaba a esta actividad ilegal desde hacía varios años y que los compradores de dichas municiones eran personas que poseían armas de fuego de forma ilegal y que, por tanto, señala la Benemérita, “no podían adquirir las mismas en establecimientos autorizados, teniendo que recurrir al mercado negro para surtirse de las mismas”.
El posterior análisis de la documentación y equipos informáticos intervenidos a dicho suministrador ilegal de munición, permitió la identificación de muchos de sus compradores, los cuales resultaron ser personas que poseían armas de fuego sin licencia y sin registrar, alguno de ellos relacionados con la delincuencia.