La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha afirmado este jueves que la ciudad contará con playa fluvial, pese a que la Xunta, en un informe, no la ve “viable”. La regidora se ha comprometido a “pelear para que así sea”.
“Es un objetivo que tenemos como Ayuntamiento y es un objetivo por el que llevamos trabajando muchos años en un expediente complejo y arduo”, ha recalcado, en declaraciones a los medios antes de entrar al pleno municipal. Se trata de una infraestructura que se iba a situar, con cuatro piscinas, frente a la nueva rotonda que conecta la N-VI con el Campus, en la orilla del río Miño.
“Nosotros seguiremos insistiendo para que sea una realidad poder atender una demanda social de nuestra ciudad. No se entiende que ayuntamientos limítrofes, incluso bañados por el río Miño, sí puedan disfrutar de estos espacios y el Ayuntamiento siempre con la negativa de la Xunta de Galicia para disfrutar, en este caso, de espacios naturales”, ha lamentado.
Méndez ha aprovechado para esgrimir que esta negativa del gobierno gallego “no es una novedad”. “Cuando hablamos de tener altura de miras con los vecinos hablamos de esto, de que no puede ser que se haga un uso partidista de las instituciones”, ha afeado.
“No se entiende que la Xunta de Galicia (…) le permita a la Confederación Hidrográfica el traslado de una colonia de mejillones y a nosotros nos esté poniendo inconvenientes. Pondremos otras alternativas encima de la mesa”, ha insistido.
La Xunta lo ve “muy difícil”
La Administración autonómica, por voz de su delegado en Lugo, Javier Arias, ha presentado el informe definitivo por el que se concluye que con la ubicación actual “será muy difícil” contar con zona de baño este verano. Entre otros se desgrana que existen problemas de afección a “especies protegidas, dos tipos de mejillones, y de seguridad de la instalación en casos de crecidas o disminuciones del caudal”.
Auditorio de Magoi
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Lugo ha autorizado por unanimidad -con votos de PP, PSOE, BNG y Ciudadanos- un suplemento de crédito por más de 1,5 millones de euros para licitar el contrato con el que subsanar deficiencias del Auditorio de Magoi y que “impiden su apertura al público en condiciones de seguridad”.
En concreto, según informa el Consistorio, la adjudicación incluirá el arreglo de numerosos daños que presenta el inmueble, fruto de “problemas estructurales y constructivos” que padece y de “la falta de mantenimiento durante los cuatro años que la Xunta tardó en entregar” las instalaciones.
En esta línea, la propia alcaldesa ha criticado “la negativa” del Ejecutivo gallego a recoger en el acta de recepciones los fallos detectados por los técnicos municipales, al mismo tiempo que la concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos, ha recordado algunos de los defectos, como la “inexistencia” de salidas de humo en el restaurante y la cocina.
Nueva tasa
Por otra parte, el gobierno local ha informado al pleno de la puesta en marcha de una nueva tasa con la que el Ayuntamiento podrá gravar a las distribuidoras de energía por la ocupación del espacio público –suelo, subsuelo y aire–.
Alvarellos ha detallado que se aplicará un tipo del 5 por ciento para aprovechamientos especiales de las instalaciones “tales como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares”, mientras que el 2,5 por ciento será para los restantes.
Asimismo, la misma edila ha informado de la revisión de varias ordenanzas fiscales realizada este año, que ya es definitiva, y de la firma de un convenio con la Dirección General del Catastro para la utilización conjunta de medios y servicios para efectivizar la gestión pública.
Servizo de axuda no fogar
En otro orden de asuntos, el pleno municipal ha aprobado una propuesta del BNG para reclamar la mejora de las condiciones laborales en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).
El texto, defendido por la concejala nacionalista Cristina López, insta a la Xunta a “asumir su competencia” y a trabajar conjuntamente, con sindicatos y empresas, para garantizar el cumplimiento del convenio colectivo del sector, señaladamente con el incremento salarial del 6,5 por ciento.
El PP lamenta el veto de sus propuestas
Al finalizar el pleno, el PP ha emitido un comunicado en el que expone las propuestas de su grupo que han sido rechazadas por parte de socialistas y nacionalistas, una de ellas relativa a cambiar la forma de planificar la ciudad para evitar que el alcalde o el concejal “de turno imponga su criterio”.
“Usar el dinero de todos para planificar sin escuchar a profesionales o al resto de grupos de la corporación está ya pasando factura al diseño de nuestra ciudad”, ha aseverado el viceportavoz popular, Antonio Ameijide, en alusión a proyectos como el carril bici o la “falta de soluciones” para agilizar la concesión de licencias.
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