La Diputación de Lugo le ha exigido a la Xunta de Galicia la dotación de fondos económicos y un plan de ejecución para los proyectos pendientes en la provincia de Lugo. Así se acordó este martes en el Pleno ordinario del mes de octubre tras una propuesta presentada por el Gobierno provincial, que salió adelante con el apoyo del PSdeG y el BNG, y con los votos en contra del PPdeG.
En concreto, la institución provincial le reclama al Ejecutivo autonómico que se alcancen niveles de compromiso con la provincia y se hagan dotaciones presupuestarias para los grandes proyectos pendientes en la provincia de Lugo, con especial atención a las infraestructuras y a los servicios. Entre ellas, ejemplifican la Vía de Alta Capacidad de A Mariña, las obras relacionadas con el suministro de agua, el Porto Seco de Monforte, la Ronda Este de Lugo o el Cuartel de San Fernando, entre otros. También los servicios públicos, como la recuperación de plantillas y especialidades en el conjunto de la red provincial del Sergas, el mantenimiento del profesorado en niveles similar a los del curso escolar 2020/2021 o el desarrollo industrial.
La portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, hizo hincapié en que la Xunta tiene paralizados proyectos de dos categorías. «Están proyectos que van año tras año con partidas de similar cuantía pero que luego no se ejecutan; y luego están los proyectos que ni figuran en las cuentas de la Xunta, la mayoría de ellos son reclamados por los Ayuntamientos pero que no aparecen. La lista sería interminable, pero basta con hacer alusión a las necesidades que presentan los ayuntamientos para el abastecimiento y depuración de aguas o en las comunicaciones», indicó.
Servicios bancarios
La sesión plenaria de octubre también sacó adelante una propuesta socialista, con los votos a favor del PSdeG y BNG y la abstención del PPdeG, para reclamarle a la Xunta de Galicia un plan de recuperación de los servicios bancarios en la provincia de Lugo. Una iniciativa que responde al cierre de oficinas que se suceden en ayuntamientos gallegos en los últimos doce años, significando estos cierres el 51% de la red bancaria que había.
García Porto indicó que en últimos doce años se perdieron más de 5.000 empleos en Galicia «ante la indiferencia y la falta de planificación económica de los sucesivos gobiernos populares». La Diputada evidenció que más de 7.000 vecinos y vecinas de la provincia carecen de acceso a los servicios bancarios en su lugar de residencia, poniendo de ejemplo los municipios de Negueira de Muñiz, O Páramo, Ribeira de Piquín o Samos, que carecen ya de oficina bancaria.
«La Xunta contribuye al desmantelamiento de los servicios bancarios, porque con fondos públicos está subvencionando que las entidades instalen cajeros en los ayuntamientos cerrando oficinas, sin garantizar idónea atención personal al vecindario», dijo la portavoz socialista del Gobierno provincial. Señaló, asimismo, que la propuesta también incluye la petición de un plan integral de telefonía móvil en el rural que permita acceder a los servicios de banca electrónica y telemática.
