El pleno ordinario de la Diputación de Lugo que se celebrará el próximo martes aprobará, previsiblemente, una iniciativa del gobierno, conformado por PSOE y BNG, para «reclamar a la Xunta que asuma la financiación de los centros de atención a mayores de la institución provincial» y que los incluya en la red pública autonómica de residencias.
Esta propuesta, remitida a los medios por el Partido Socialista de Lugo, versa sobre «abrir un proceso de negociación» con la Administración gallega para que asuma la gestión económica y logística de los centros de atención provinciales, así como para «modificar el actual modelo macrorresidencial» con el objetivo de «fortalecer y consolidar una red gallega de residencias públicas».
El gobierno de la Diputación de Lugo recuerda que «lleva años supliendo la inacción» del Ejecutivo autonómico y «haciendo un esfuerzo para acercar servicios sociales públicos, universales y de calidad a los vecinos y vecinas de la provincia». Hacen énfasis en que la institución «dedica a políticas sociales aproximadamente un tercio de su presupuesto», es decir, unos 30 millones de euros.
La propuesta afirma que «la huella de la pandemia del coronavirus en las residencias gallegas ha mostrado el fracaso del modelo de gestión privada impulsado por la Xunta». Un modelo que, para el ejecutivo de José Tomé, «está basado en la rentabilidad económica y no en la calidad de la atención». «Según la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, Galicia cuenta con un déficit de 14.902 plazas residenciales», advierte.
Desarrollo rural
Socialistas y nacionalistas defienden el modelo residencial de la Diputación lucense como «un factor de fijación de la población y desarrollo para el rural», ya que además de contar con una ratio que casi asegura un cuidador por persona, generan «más 300 empleos directos e indirectos en el entorno».
Aún así, recogen declaraciones pasadas de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para visibilizar que «la administración local no puede asumir eternamente, sin financiación adicional, las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye al Gobierno autonómico».
