El Gobierno local se pronunció esta mañana sobre la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lugo al respeto de la gestión municipal de las sanciones Covid cursadas con anterioridad a la modificación de la Ley 8/2021, de 25 de frebreiro, para reafirmarse en el posicionamiento que, desde el primer momento, el Ejecutivo de Lara Méndez sostuvo sobre la falta de competencias de los ayuntamientos para actuar en esta materia.
«Un aspecto que le trasladamos a la propia Xunta, ya en diciembre de 2020, cuando le remitimos el informe con los actas levantados por la Policía Local (558) hasta ese momento por infracciones a la Ley de Salud de Galicia, advirtiéndole que pese a estar habilitando un dispositivo para tramitarlas, no me los concordaba con el dictamen emitido por el Consello Consultivo, al entender que la titularidad era autonómica como así lo entendía también la Asesoría Jurídica municipal», recordó el teniente de alcaldesa, Miguel Fernández.
«Esta sentencia viene a refrendar que nuestro criterio era acertado, en consonancia con el de la Abogacía del Estado, y que la determinación de la Xunta no era más que una derivación indebida de funciones, una nueva muestra de su empeño por delegar en las Administraciones locales cada vez más deberes, pero sin aportar ningún tipo de recurso para que podamos asumirlas», afeó el también portavoz municipal.
De hecho, Fernández recordó que, para poder abordar la tramitación de estas sanciones, el Ayuntamiento tuvo que modificar, en febrero de 2021, el contrato en vigor para incrementar el cometido de la empresa que presta colaboración en la gestión administrativa y recaudación de multas, ante la insuficiencia de hacerlo con medios técnicos y recursos humanos propios, lo que le está suponiendo un coste anual de 58.080 euros a razón de 40 euros por cada boletín/acta tramitado.
